Envejecer sin miedo a los buitres

Sin embargo, junto al comer, quizá pocas cosas sean más importantes en la vida. Los cuidados, además de los físicos, los afectivos, deberían formar parte de aquello que queremos mimar y preservar en cualquier sociedad que se quiera considerar mínimamente “civilizada” o “avanzada”.

Ante la atomización de las unidades convivenciales y el cambio en el modelo social, el capital pronto vio la oportunidad de negocio. Los intereses empresariales, unidos a la nula voluntad de las instituciones públicas y mayoría de partidos políticos por dar valor e integrar este servicio básico en nuestra estructura pública, ha hecho que la mayoría de los servicios estén en manos privadas. Es decir, al albur de la rentabilidad empresarial y del capital. Eso sí, bajo el amparo de la totémica “colaboración público-privada”, financiada por los ahorros de toda la vida de la clase trabajadora y de las arcas públicas. Fondos de inversión británicos, franceses o españoles que controlan multinacionales como Domus Vi, Caser, Clece, Sanitas, Eulen… tienen cada vez más peso en el cuidado de nuestras personas mayores. Fondos especuladores, muchos de ellos buitres, cuyos beneficios y rentabilidad aumentan en la medida que disminuyen las plantillas, empeoran las condiciones laborales o se reduce el tiempo de atención personalizado. En Gipuzkoa, a pesar de que el 90% de las plazas esté financiado públicamente, únicamente el 10% de las trabajadoras están contratadas directamente por la Diputación o entidades locales. Esto nos lleva a que, como decía recientemente una trabajadora, “tengamos 15 minutos para despertar, levantar, duchar y llevar a desayunar a las personas residentes. Si nada se tuerce, tenemos un pequeño margen para preguntarles qué tal han pasado la noche, mientras se le calienta el agua para la ducha. A lo largo de toda la mañana, no volveremos a tener tiempo para hablar con ellas. Así está establecido”.

Esta “optimización de recursos” es la que guía la reducción de plantillas, unas ratios inhumanas, la sobrecarga de trabajo, la falta de medios y medidas de protección de la salud, unos salarios mínimos y la precariedad laboral. Esta falta de control público y maximización de beneficios es la que ha provocado que, a pesar de la “ágil y adecuada actuación” de la Diputación de Gipuzkoa, que defienden el Diputado General Markel Olano y la Diputada de Políticas Sociales Maite Peña, no haya habido medios suficientes para abordar la situación de crisis o estos hayan llegado tarde y mal, hayan muerto 167 personas por Covid 19 en las residencias de Gipuzkoa, más del 60% del total de fallecidos en el territorio, y cientos de trabajadoras se hayan infectado con el virus.

La crisis ha evidenciado lo que las trabajadoras del sector, en alianza con familiares y otros movimientos sociales, llevan décadas denunciando e intentando cambiar mediante huelgas interminables. Existe la necesidad imperiosa de cambiar un modelo que apuesta por la privatización y el beneficio económico por encima de las personas. En ello nos jugamos, ademas de los puestos de trabajo y las condiciones laborales de miles de mujeres, nuestro propio modelo social.

¿Cómo queremos envejecer? ¿En manos de quién queremos dejar nuestros cuidados? Si no queremos que la sanidad, la educación o la protección social estén en manos del lucro de unos pocos, porque en ello nos va la vida, ¿por qué vamos a aceptar que los cuidados y los años de nuestra vejez sean mercancía de multinacionales?

Por qué no defender un servicio público que colectivice los cuidados y saque de la esclavitud, la clandestinidad o la precariedad a miles de mujeres que cargan sobre sus espaldas con el peso de los cuidados del conjunto de la sociedad. Un servicio blindado frente a intereses capitalistas o partidistas, con personal público, con amplias plantillas y ratios suficientes para un cuidado cercano y afectuoso, con buenas condiciones laborales… y gratuito, financiado colectivamente, mediante impuestos, aportando más quienes más tienen. Para ello no hace falta que nos limitemos a pensar un cuidado en casas particulares atomizadas o enormes residencias. También es posible pensar en redes de cuidados que satisfagan todas las necesidades posibilitando vivir en casas adaptadas o pequeños núcleos de convivencia que combinen la intimidad personal con espacios de convivencia y actividad colectiva.

Si algo ha dejado en evidencia esta crisis es la importancia de los cuidados y el riesgo que supone que estén en manos de quienes sólo buscan incrementar sus beneficios. Es el momento. Es cuestión de voluntad política. El sindicato ELA está dispuesto a hablar de ello, si es que a la mesa se quiere sentar alguien. Y si no existe, trabajaremos y lucharemos para lograrlo. Es demasiado lo que nos jugamos como sociedad para dejarlo en manos de intereses empresariales o partidistas de una minoría. No queremos envejecer atemorizadas por buitres.