¿Parar la huelga para negociar? Serenidad no es silencio

Lo que plantea el Gobierno Vasco, aunque edulcorado con palabras como "serenidad" y "voluntad", es una perversión del derecho de huelga. No solo es una medida de presión ilegítima —una especie de chantaje institucional—, sino que contradice el sentido histórico, legal y democrático de la huelga misma, que es una herramienta legítima para forzar al diálogo precisamente cuando este no se alcanza por vías ordinarias.

La huelga no es un adorno simbólico, ni una pataleta que debe cesar para que los "adultos" hablen. Es un derecho fundamental y un instrumento de la clase trabajadora para hacer oír su voz precisamente cuando no se la quiere escuchar. Condicionar la negociación al fin de las huelgas no es neutral ni prudente: es tomar partido, despreciar al interlocutor social, y colocar toda la carga del conflicto sobre quienes no tienen poder. En este caso, los y las docentes de la enseñanza pública.

Es quizá más grave aún el intento de deslegitimación soterrada que se desliza en las palabras de la consejera. Se niega que esto sea un conflicto laboral, porque lo que está en juego —dice— es “el sistema educativo del futuro” y “las necesidades de las familias”. Como si pedir más recursos para atender a ese alumnado, rejuvenecer plantillas y estabilizar el empleo no tuviera nada que ver con mejorar ese sistema educativo. Como si cuidar a quienes educan no fuera condición básica para cuidar a quienes aprenden.

Detrás del discurso institucional que dice buscar "tranquilidad" hay un intento de vaciar de contenido el propio derecho de huelga. Lo que se busca no es serenidad, sino docilidad. No se quiere negociar: se quiere imponer condiciones de rendición antes de empezar a hablar. Pero no se puede pedir paz social mientras se ignoran las jornadas de huelga, se evita el avance en la mesa de negociación y se desacreditan las demandas de una comunidad educativa movilizada.

El seguimiento alcanzado en las jornadas de huelga es un grito colectivo que expresa que el profesorado está comprometido con algo más grande que su situación laboral individual. Reivindican una educación pública digna, con recursos humanos suficientes y con un futuro sostenible. El gobierno sigue sin parecer dispuesto a escuchar ese clamor.

Ignorar este conflicto también es ignorar el mandato de miles de trabajadores y trabajadoras que, con su participación en las huelgas, están ejerciendo una forma directa de ciudadanía. La política no solo se expresa en los parlamentos; también se expresa en las calles, en los centros escolares y en las aulas vacías que hoy denuncian lo que los despachos callan.

La democracia no se construye en el silencio. Se construye precisamente en ese ruido, en el conflicto, en la tensión que empuja al cambio. Si el Gobierno Vasco quiere demostrar voluntad negociadora, tiene que empezar por reconocer a los interlocutores. Y eso pasa por sentarse a la mesa de negociación y responder a las demandas de la comunidad educativa mientras la huelga sigue viva: no hay mayor gesto de respeto democrático que dialogar con quienes luchan.