El Gobierno Vasco trata de imponer la ley de silencio a la plantilla de Medio Ambiente para ocultar su responsabilidad en Zaldibar

En ese mensaje, tras hacer a la plantilla una petición genérica de ayuda de cara a las actuaciones que haya que llevar a cabo en el corto y medio plazo, la viceconsejera amenaza con exigir responsabilidades por las “declaraciones” o “informaciones” que se pudieran facilitar. En concreto, Elena Moreno pide que “actúen con la total discreción, prudencia y confidencialidad que corresponde a un funcionario de la Administración en todo lo relacionado con esta materia, para que no se les responsabilice por alguna de sus manifestaciones o informaciones”.
Posteriormente la viceconsejera reitera sus advertencias, señalando que “cualquier información que se publique fuera de los cauces habituales de esta Viceconsejería será valorada como responsabilidad personal”. Es un claro intento de imponer la ley del silencio a la plantilla, para que no trasciendan los incumplimientos, negligencias y la falta de adopción de medidas que en materia de salud laboral, pública y medioambiental se han podido dar.
ELA enmarca estos mensajes en la estrategia adoptada por el Gobierno de eludir sus responsabilidades en lo ocurrido en el vertedero de Zaldibar. El gobierno debería explicar por qué no ha actuado en ningún momento ante los graves incumplimientos detectados hace al menos 8 meses, y explicar también cuántos casos similares hay, en los que los incumplimientos de la Autorización Ambiental Integrada no han dado lugar a sanciones de ningún tipo.
ELA recuerda que lleva meses solicitando información al Departamento de Medio Ambiente sobre las actividades contaminantes de la CAPV y que no se nos facilita, aún siendo de carácter público y teniendo derecho a acceder a ella.
ELA exige a Elena Moreno y a todo el gobierno que asuma sus responsabilidades, deje de lado su estrategia de eludirlas y de desinformar la sociedad, y que actúe con la transparencia de la que tanto alardea pero no practica. Asimismo, exigimos que no trate de intimidar a los trabajadores y trabajadoras del departamento y de URA.