La sección sindical de ELA en la Residencia Iturbide de Arrasate reitera que utilizará todos los medios para garantizar la salud de residentes y trabajadoras

21/04/2020
La situación en la residencia Iturbide, en Arrasate, es realmente grave. 21 mayores ya han fallecido por el coronavirus y la mitad de los residentes siguen contagiados. Las trabajadoras del centro, de las cuales 19 han estado contagiadas y la mitad de baja, denuncian la situación de vulnerabilidad a la que se han visto abocadas. Afirman que los test realizados en Iturbide, además de haber llegado demasiado tarde, no solucionan el problema, por lo que exigen medidas eficaces: planes de contingencia; formación adecuada para la plantilla; elaboración de un plan de continuidad específico para la gestión de las bajas médicas; y, sobre todo, “el auxilio urgente a las instituciones y a Osakidetza, que es imprescindible”.

En plena crisis sanitaria por la Covid-19, la situación en la residencia Iturbide, en Arrasate (Gipuzkoa) no mejora. Desde el inicio del estado de alarma los equipos de protección individual han sido totalmente insuficientes, al personal con síntomas se le han realizado test a 10 días y las personas asintomáticas han tenido que acudir al trabajo sin saber con certeza si padecían el virus o no y tratando con diferentes residentes. Las trabajadoras dan cuenta de la gravedad de la situación. “Tras estos datos tan escalofriantes hay personas con nombres y apellidos, sufrimiento y duelo de los familiares, así como la presión, la ansiedad y los miedos que estamos sufriendo en estos momentos”.

Aseguran que lo que acontece en las residencias de la tercera edad es el resultado de un problema estructural que ya existía antes de la pandemia y que ha salido a relucir en plena crisis sanitaria: la precariedad a la que son condenadas trabajadoras y personas residentes. “Con la lucha que hemos secundado antes de que estallara la pandemia y con nuestras reivindicaciones siempre hemos buscado poner en el centro las vidas de nuestros mayores y la calidad de los cuidados”.

Sin embargo, añaden, las instituciones públicas no pueden parapetarse tras las trabajadoras del sector aprovechándose de su profesionalidad y voluntad de proteger a un colectivo tan vulnerable, algo que, recuerdan, es tarea de las instituciones.

“La profesionalidad no implica ir al trabajo ocho días seguidos, o que las trabajadoras con reducción lo abandonen todo para ir a trabajar, o poner en peligro la salud de nuestras familias o sufrir la precariedad que padecemos durante todo el año. Es más, debemos exigir unas condiciones laborales dignas porque somos profesionales. Y no, no todo vale”, resumen.

Hace más de un mes que ELA solicitó medidas de protección adecuadas y test para todas las trabajadoras y para los residentes, tanto en las empresas como en las administraciones públicas. Al no recibir respuesta positiva, el sindicato ha interpuesto demandas en algunas residencias donde la situación es grave, donde todavía no hay medidas de protección suficientes y no se han hecho los test. También se ha solicitado que se cumplan estrictamente por parte de Servicios Sociales Aita Menni -empresa subcontratada- y Diputación las guías y protocolos establecidos.

“Sabemos por experiencia que si hay mejoras en la negociación colectiva es porque ha habido presión por parte de las trabajadoras, y desgraciadamente desde el inicio de la pandemia se ha demostrado que sin esa presión tampoco hay mejoras en salud laboral”, aseguran. Por tanto, ELA hará todo lo que esté en su mano para mejorar la situación de las residencias.