ELA se felicita por el compromiso del Gobierno de pagar el grado y el verano al personal docente, pero recuerda que la alta tasa de temporalidad repercute gravemente en el profesorado, los centros y el alumnado

01/10/2019
ELA venía reclamando el pago del grado y el abono del verano tanto en las mesas de negociación como en la vía jurídica. Recuerda que la Administración va a proceder al pago obligada por los Tribunales, y exige que se den pasos reales para la eliminación de la temporalidad.

En la Mesa General celebrada hoy, Función Pública ha anunciado que en el mes de noviembre se procederá a abonar al personal eventual:

- Grado: al personal con 6 años y 7 meses de servicios prestados, con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2015.

- Extensión de contratos en los meses de verano: al personal docente que haya prestado servicios durante 165 días o más desde el curso 2018-2019. Para este último curso se hará un nuevo contrato a todos los efectos desde el 1 de julio al 31 de agosto de 2019. Para aquellas personas que hayan trabajado menos de 165 días, se procederá al abono de los finiquitos.

ELA venía denunciando públicamente y reclamando el pago del grado y el abono del verano tanto en las mesas de negociación como en la vía jurídica. Por lo tanto, valora positivamente que se vayan eliminando discriminaciones, pero recuerda al Gobierno Foral que la alta temporalidad existente (37% del profesorado), sigue precarizando las condiciones laborales y afecta de forma severa a la calidad de la educación pública.

La medida por parte de la Administración es fruto del mandato que los Tribunales han impuesto, tras la interposición de miles de reclamaciones judiciales para eliminar de una vez por todas las discriminaciones salariales existentes entre el personal contratado y el funcionariado. En este sentido, ELA exige al Gobierno de Navarra que acabe con la precarización del empleo público en la Administración Foral y tome medidas urgentes y reales que vayan más allá del cumplimiento de las sentencias, apostando por servicios públicos de calidad que pasan necesariamente por unas condiciones laborales dignas para sus trabajadores/as. Para ello es necesario un ejercicio real del autogobierno, que deje de hacer seguidismo a las políticas de austeridad impuestas en Madrid (regla de gasto y cumplimiento del déficit).