“Están desmantelando y privatizando la universidad pública”

Los días 6 y 12 de marzo fueron días de huelga en la Universidad del País Vasco. El personal docente e investigador de la UPV/EHU denunció los problemas estructurales de la universidad, subrayando que la precarización de las condiciones laborales es cada vez más grave. Ane Bilbao, responsable de ELA en la UPV/EHU, denuncia que el problema que está en la raíz de este conflicto es la falta de financiación.

ELA, junto a Steilas y LAB, convocó huelga los días 6 y 12 de marzo en la Universidad del País Vasco. ¿Cuáles fueron las razones?

Hay un sinfín de razones. La precarización de los contratos de los profesores y las profesoras sustitutos/as en este curso ha supuesto un incentivo para la activación del colectivo, pero existen múltiples razones: la recuperación del poder adquisitivo de todos los trabajadores y las trabajadoras, la dignificación de las condiciones de carrera profesional hasta su consolidación o el descenso de la carga de trabajo, entre otros muchos, pero la raíz de todo esto es la falta de financiación. Aumentar la financiación de la universidad pública es imprescindible, esa es la base.

¿Cuál es la situación actual de la UPV/EHU?

En los últimos diez años ha caído notablemente la inversión pública. En la C.A. de Euskadi sólo se destina a la universidad pública el 0,4% del Producto Interior Bruto. Este año ni siquiera se llegará a esa cifra. En el Estado español, por ejemplo, la cantidad que se destina a la universidad pública supone el 0,8% del PIB, en Alemania el 1,02%, en Francia el 1.04%, en Dinamarca el 1,55%… El porcentaje de financiación pública es cada vez menor, mientras aumenta la financiación externa. En la actualidad, por ejemplo, la financiación externa se sitúa en el 27,21%.

Esta falta de inversión ha afectado directamente a las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras y se han producido recortes en los últimos cursos; racionalización de la calefacción, cierre de aulas en periodos vacacionales, política restrictiva de contratación de personal docente investigador sustituto, rescisión unilateral de acuerdos de jubilación...

Esta precarización de las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras repercute necesariamente en la calidad de la universidad pública y del servicio que presta a la ciudadanía. Lamentablemente, perjudica el proceso de aprendizaje de nuestros futuros trabajadores y trabajadoras.

¿Detrás de la falta de financiación observas la intención de privatizar la universidad pública?

Es evidente que el objetivo del Gobierno Vasco es promover lo que denominan ‘modelo público-privado’. Los acuerdos de colaboración que han firmado con la compañía farmacéutica Janseen o con Repsol son un claro ejemplo. Queremos una universidad pública alejada del capital privado. Es inadmisible que el capital y los intereses privados pretendan condicionar el desarrollo del libre pensamiento.

Al fin y al cabo, hablamos del modelo universitario. La universidad pública se está desmantelando y privatizando. Y todos sabemos lo que hay detrás de eso. Quieren someter la educación y la universidad al poder económico y financiero: formar al personal que necesita el capital para responder a las necesidades del capital. Se promueven investigaciones en ámbitos que interesan al capital y se orientará a los trabajadores y las trabajadoras a adaptarse a las necesidades del capital. En cambio, los conocimientos no productivos para el capital son menospreciados y rechazados.

Estamos muy lejos del modelo universitario que se pretendía crear para el proceso de emancipación y empoderamiento de la clase trabajadora.

La situación del personal docente e investigador es especialmente grave.

Para conseguir unas condiciones laborales dignas hay que soportar largos años de precariedad. En los primeros años este personal apenas supera el salario mínimo, y la temporalidad se ha convertido en algo habitual a pesar de sus largos años de docencia. La estabilización de una plaza como profesor/a agregado/a en la universidad suele necesitar entre 18 y 20 años. Esto significa que hasta los 43-45 años un/a profesor/a no ve su puesto de trabajo estabilizado.

En el caso de las mujeres, esto se traduce en una mayor brecha de género. La carrera profesional es discriminatoria. En el caso de las madres el proceso de estabilización se prolonga. Estos periodos de permiso maternal implican que no se ‘produzca’ y no se prospere en la carrera profesional, y quienes toman la decisión de permanecer activas durante ese periodo sufren esa presión adicional. Este sistema pone en peligro la salud física y mental de muchas mujeres.

Y, además de alargar el tiempo de estabilización, la discriminación también repercute en el salario. Los/as investigadores/as tienen varios complementos salariales, que dependen de los méritos que produzcan a lo largo de su carrera profesional. Estos complementos son, desgraciadamente, determinantes para dignificar el salario base. Pero, como se ha señalado, en el caso de las mujeres, en los casos en los que se prolonga la carrera profesional, estos complementos son menores en la medida en que tienen posibilidad de producir menos. Según datos de la propia UPV/EHU, la brecha salarial es del 23,4%, aunque la categoría sea la misma.

Si para estabilizar la plaza de profesor/a agregado/a en muchos casos se tardan casi 20 años, la temporalidad será enorme…

No hay más que ver los datos. En la actualidad la UPV cuenta con 2.359 profesores/as investigadores/as fijos/as. El número de personal docente eventual es de 2.148 y el de personal investigador provisional de 1.387. Eso supone que la tasa de temporalidad es del 60%. Estamos trabajando mucho en la organización de estos trabajadores y trabajadoras que viven una precariedad extrema y los testimonios son tremendos. Los sueldos son ridículos, carecen de estabilidad laboral, carecen de recursos, no tienen tiempo para preparar las asignaturas, en un curso tienen que impartir once asignaturas…

Cada vez hay más problemas relacionados con la salud mental. Las bajas asociadas a los riesgos psicosociales van en aumento y el cansancio, el estrés y la frustración son elevados. Lamentablemente, cada vez más profesores/as jóvenes toman la decisión de abandonar la universidad en vista de la experiencia de los primeros años.

Además, el propio sistema está organizado para fomentar la competitividad entre los trabajadores y las trabajadoras. El sistema universitario es cada vez más competitivo y atomizado. Ya era así antes, pero, tras la pandemia, cada vez es más evidente. Han aprovechado el desarrollo del teletrabajo para ir reduciendo las relaciones personales entre los trabajadores y las trabajadoras. El profesorado tiene cada vez menos margen de actuación en común, se trata de romper la condición de colectivo y fomentar actitudes individualistas.

Condena a la UPV por discriminación salarial del profesorado investigador

El Tribunal Supremo (TS) ha vuelto a dar la razón a ELA y ratifica la sentencia dictada por el TSJPV que condenaba a la UPV por discriminación salarial del profesorado investigador contratado mediante becas públicas; estos profesores y profesoras percibían un salario anual 7.000 euros inferior al personal contratado directamente. ELA denunció ante los tribunales la discriminación salarial que sufrían los colectivos de personal docente/investigador posdoctorales contratados con las ayudas públicas del Gobierno Vasco y de los programas estatales Ramón y Cajal y Juan de la Cierva. El sindicato considera que todos los doctores investigadores –tanto los contratados directamente por la UPV como aquellos que han sido contratados mediante una ayuda pública– deben percibir el mismo salario, puesto que realizan semejantes labores.

Sin embargo, los sueldos contratados mediante becas tenían un sueldo de 28.000 euros anuales, mientras que los investigadores contratados directamente por la universidad percibían 35.000 euros. La sentencia del TS reconoce “una vulneración del derecho a la igualdad retributiva” y exige “igualdad de trato y no discriminación”. Esta sentencia afecta a 75 personas que fueron contratadas con ayudas públicas del programa postdoctoral de perfeccionamiento de personal investigador doctor (curso 2019-2020) financiado por el Gobierno Vasco y por los programas estatales Ramón y Cajal y Juan de la Cierva, y da pie a reclamar las diferencias salariales.

Por desgracia, esta sentencia no se puede aplicar al personal investigador contratado mediante estos programas posteriores al año 2022. Porque tras la sentencia del TSJPV, la UPV con la aprobación y firma de LAB, STEILAS y CCOO, modificó el convenio para tasar el salario de este colectivo, y rebajó el sueldo anual en 3.800, menos de lo que reconocía la propia sentencia.

Esta sentencia vuelve a poner en evidencia la discriminación y precarización de ciertos colectivos dentro de la UPV. Es urgente negociar las condiciones laborales del personal docente investigador de la UPV que ha realizado varias huelgas en este curso escolar por la dignificación de sus condiciones.