Educación impone nuevos recortes, propone una pírrica convocatoria de OPE y sigue empeorando las condiciones laborales

En los últimos años, el Gobierno Vasco únicamente ha destinado el 3,5% del PIB a educación. 1,5 puntos menos que la media de EU28, el equivalente a 1.000 millones de euros menos.

El ejecutivo recorta 20,5 millones para 2016 respecto al ejercicio pasado y 221,7 millones respecto a 2009. Por el contrario, el pago de la deuda a los bancos se incrementa en 1.086 millones respecto a 2009, pasando de representar el 0.8% del presupuesto al 11,1%.

Todo ello como consecuencia de acordar el techo de déficit de Bruselas y Madrid y renunciar a recardar más recursos y distribuir la riqueza por medio de una fiscalidad más justa. Nuestros gobiernos recaudan 4.500 millones de euros menos que la media europea, cantidad que han decidido regalar a las rentas más altas en detrimento de las clases populares.

Como consecuencia, el Gobierno Vasco solamente propone una subida salarial del 1% para 2006, a sabiendas que desde el 2010 la pérdida del poder adquisitivo supera el 17%. En Primaria, la pérdida del poder adquisitivo es superior a 5.000 euros al año, más de 24.000 euros de pérdida de poder adquisitivo acumulado desde 2010. En Secundaria, es superior a 6.000 euros al año, más de 28.000 euros de pérdida de poder adquisitivo acumulado desde 2010. A todo esto se suma la quita de la extra de 2012. Quita que en contra de lo que posibilita el gobierno español, el ejecutivo vasco únicamente va a devolver el 26% a lo largo del 2016. Dejando en el aire la devolución del 50% restante.

Situación que se repite con las aportaciones a Itzarri. A pesar de que Madrid hace tiempo que habilitara los pagos y en la mayoría de instituciones públicas vascas gobernadas por diferentes partidos se estén haciendo regularmente las aportaciones, el Gobierno Vasco, de modo vergonzoso, se se niega a revertir los recortes en la EPSV.

El presupuesto presentado por el Gobierno Vasco limita por completo los apartados indispensables para la mejora de las condiciones laborales y para el buen funcionamiento del sistema educativo. Así, queda clara la intención de seguir imponiendo recortes: mantenimiento el recorte en las plantillas y aumento de las cargas de trabajo, no realizar las sustituciones o retrasarlas, castigar las bajas, hacer imposible la jubilación anticipada...

En cuanto a la plantilla, el ejecutivo ha hecho una propuesta de oposición que ELA califica de vergonzosa. En la enseñanza pública existe la necesidad de estabilizar más de 4.500 plazas docentes. A esto, hay que sumarle los 1.500 puestos de trabajo que se han recortado en los últimos años. Es decir, se tendrían que ofertar más de 6.000 plazas para poder cubrir todas las necesidades de la enseñanza pública. Sin embargo, el Departamento de Educación únicamente oferta 500 plazas. La pírrica oferta del gobierno supone una clara apuesta por la inestabilidad y la precariedad en el sistema educativo público.

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