El Gobierno Vasco propone no incrementar recursos en Educación Especial, jornadas semanales de 37,5 horas y dejar sin estabilizar más de 300 puestos de trabajo

En la mesa de negociación del personal Laboral Docente y de Educación Especial que ha tenido lugar hoy, el gobierno no ha dado respuesta a las necesidades y reivindicaciones que nos han llevado a la movilización a lo largo de los últimos meses.

Los últimos años, el Gobierno Vasco ha endurecido los criterios para el reconocimiento de alumnado con Necesidades Educativas Especiales y ha utilizado criterios restrictivos para dotar de personal. En consecuencia, existe mayor número de alumnas y alumnos con necesidades reales de apoyo educativo que las asignaciones de personal. Esto supone un incremento notable en las cargas de trabajo del personal de Educación Especial, pero también del profesorado y dificulta el desarrollo del trabajo educativo en el aula.

Por otra parte, muchas educadoras y educadores tienen jornadas de 37,5 horas o más y suelen desempeñar labores de transporte que no les corresponde. El personal sustituto, aunque trabaje más de 165 días al año, no cobran en verano. El 19% de los puestos de trabajo (162) son a tiempo parcial. Debido en gran medida a que en los últimos años el Gobierno Vasco ha convertido numerosas plazas a jornada completa en puestos a tiempo parcial, basándose en los criterios restrictivos antes señalados. Todas estas situaciones han provocado que la precariedad aumente. No es ninguna casualidad que casi todas las personas que trabajan en este sector sean mujeres. Además, a pesar de que su labor es educativa, cobran un 20% menos que la categoría docente más baja (6.600€ menos) y las plazas que requieren titulación de grado no estén homologadas con el resto de plazas similares del resto del sistema educativo público.

En este contexto, en la mesa de hoy el gobierno de ninguna manera ha respondido a nuestras reivindicaciones. De hecho, no ha mostrado voluntad de ampliar los criterios para designar al alumnado con Necesidades Educativas Especiales; no tiene intención de limitar la jornada superior a las 35 horas y ha propuesto jornadas de 37,5 horas; rechaza el cobro del verano del personal sustituto, y pretende mantener los contratos precarios a tiempo parcial. Con el fin de reducir la temporalidad, el ejecutivo ha propuesto convocar una OPE de 268 plazas hasta 2019. Teniendo en cuenta que 565 personas tienen contrato temporal, la propuesta dejaría la tasa de temporalidad a final de legislatura en el 36%, en el mejor de los casos.

ELA considera positivo que se haya aceptado homologar los salarios del personal de las las 65 plazas con exigencia de grado con las plazas de similar exigencia del sistema educativo, pero le parece inaceptable que la administración se niegue a abordar la inversión que supondría mejorar los insuficientes salarios de cerca de 1.000 educadoras.

El gobierno ha obviado reivindicaciones sindicales como la recuperación del poder adquisitivo (que supone un 15%, una pérdida acumulada de más de 20.000€ desde 2010), el fin de la penalización de las bajas o medidas que faciliten la jubilación.

Para ELA, la propuesta del Departamento de Educación en absoluto es satisfactoria. Por ello las movilizaciones que hemos convocado cobran mayor importancia, si cabe, para obligar al gobierno a poner propuestas mucho más aceptables.