El Ministerio de Educación y las Comunidades Autónomas emplean a falsos becarios
En reiteradas ocasiones el sindicato ELA solicitó al Departamento de Educación que incluyera a dicho personal en el Régimen General. Ante la negativa, ELA interpuso denuncia ante la Inspección de Trabajo y ha dado paso a la sentencia del Juzgado de lo Social nº 2 de Pamplona.
La sentencia es pionera a nivel estatal y considera, tal y como hacía ELA, que las supuestas becas de los y las auxiliares de conversación no son tales sino contratos laborales. Hasta la fecha, las bases de la práctica totalidad de las convocatorias para auxiliares de conversación tienen en común lo siguiente:
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Que su finalidad es reforzar y mejorar el aprendizaje de lenguas extranjeras, especialmente en la comunicación oral.
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Que esta figura motiva el aprendizaje de la lengua y facilita la transmisión de aspectos socioculturales.
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Que la función de los/as auxiliares es la de apoyar al profesorado
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Que deben ser originales de países donde se hable la lengua a impartir (casi siempre el inglés).
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Que su salario ronda los 700 euros, su jornada laboral es de unas 12 horas semanales y la duración de la beca de ocho meses.
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Que los gastos de desplazamiento desde el país de origen van a cuenta del beneficiario.
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Que los ciudadanos comunitarios deben solicitar la tarjeta sanitaria europea y los extracomunitarios contratar un seguro privado que les cubra la asistencia sanitaria.
En su fallo, el juez establece que no se trata de becas pues quienes se forman son principalmente los alumnos/as y no los auxilares de conversación (que pueden hacerlo colateralemente) y que la relación es laboral por haber una prestación de servicios personal, voluntaria, retribuida y que se hace por cuenta de otro (CCAA o Ministerio).
Recurriendo a la modalidad de beca las administraciones han evitado durante años hacer frente a las cotizaciones sociales de este personal a quien se ha privado de derechos tales como recibir la prestación sanitaria; el de la negociación colectiva; ser representados/as por los sindicatos y generar derechos al desempleo y a la jubilación. En opinión de ELA es aún más lamentable que sean precisamente administraciones públicas quienes "bequen" en fraude de ley.
Aunque dicha sentencia se pronuncia solo contra el Gobierno de Navarra, casi todas las CCAAs y el Ministerio tienen idénticas convocatorias. ELA les exige que restituyan sus derechos a este colectivo. Nadie es ajeno al cumplimiento de la ley y menos aún las administraciones públicas.