ELA denuncia la reforma educativa y pide al Gobierno Vasco, al Gobierno de Navarra y a los partidos políticos que le hagan frente

21/09/2012
ELA considera la reforma educativa una nueva intromisión en las competencias de las instituciones de Euskal Herria, que no responde a las necesidades de nuestro sistema educativo y que se hace al servicio de intereses económicos e ideológicos. Por ello, pide al Gobierno Vasco, al Gobierno de Navarra y a los partidos políticos que hagan frente a este nuevo ataque a la educación de nuestro país e intento de centralización, y que defiendan y reivindiquen las competencias de los gobiernos de Gasteiz e Iruña

En el consejo de ministros reunido hoy en Madrid se ha aprobado el anteproyecto de ley de reforma educativa presentado por el ministro de educación Wert.

Para ELA es del todo inaceptable y antidemocrático que una ley de la importancia y el calado de ésta se trate de imponer de éste modo, sin debate alguno y sin acuerdo ninguno. Es muy grave que el ministro Wert haya presentado públicamente la reforma sin que los agentes educativos y sindicatos tengamos el texto propuesto.

Según la información trasladada a los medios de comunicación, está claro que el objetivo de la reforma es aumentar la centralización del sistema educativo, orientar la educación y el alumnado a las necesidades de los mercados e imponer el adoctrinamiento ideológico.

Además, teniendo en cuenta los recortes impuestos en los últimos años, ELA teme que tras la reforma se esconda también la intención del gobierno de Madrid de recortar la inversión en educación haciéndose valer de medidas que se citan en ella pero no se desarrollan en la escasa información trasmitida (recorte de plantillas, supresión de asignaturas, ampliando las funciones y la posibilidad de desplazamiento, amortizando plazas, aumentando el número de alumnos/as por aula, etc.)

Centralización y nuevo ataque a las competencias

Debemos recordar que tanto el Gobierno Vasco como el Gobierno de Navarra tienen competencias plenas en materia educativa, pero que los sucesivos gobiernos del PP y PSOE han ido dejando sin apenas contenido mediante la imposición de legislación básica (LOGSE, LODE, LOE...).

Este es un nuevo ataque a nuestras competencias, ya que mediante ley básica pretenden imponer desde Madrid el 65% del contenido curricular y otras medidas adicionales (en la actualidad el 55% de las materias ya las impone Madrid).

El fracaso escolar como excusa

Para imponer esta verdadera “contrarreforma” el ministro Wert pone como excusa el 26,5% de fracaso escolar en el Estado. Sin embargo, esconde que la realidad en la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra es muy distinta, debido a que gracias a la implicación de los diferentes agentes educativos y de las trabajadoras y trabajadores, y desarrollando como hemos podido estas competencias recortadas, hemos creado una realidad educativa diferente. Muestra de ello es que, entre otras cosas, y aunque todavía haya mucho camino que recorrer y mejorar, el fracaso escolar es del 12,5% y 17,9% respectivamente.

La educación al servicio de los mercados y las empresas

En la intención del Gobierno de España la educación debe adaptarse a las necesidades de la economía para mejorar la “empleabilidad” y en base a ello modifica 4º de la ESO, quiere adaptar la Formación Profesional y se crea el “contrato para la formación formación y el aprendizaje”. A juicio de ELA es inaceptable que no se tome ninguna medida efectiva para remodelar el tejido económico y crear empleo, mas bien medidas que van en sentido contrario y con su excusa poner la educación al servicio del mercado y las empresas, pervirtiendo el objetivo de desarrollo personal y social que debiera tener la educación.

El forzar al alumnado a elegir su itinerario educativo a los 14 años o encauzarlos a los 15 años a Bachillerato o Formación Profesional limita el desarrollo personal, la educación integral y la igualdad de oportunidades, incrementando el riesgo de crear alumnos de “primera” y de “segunda”. Siguen el mismo patrón los cambios introducidos en FP y las modificaciones de los PCPIs.

El imponer exámenes finales obligatorios a los 8, 11, 15 y 17 años y evaluaciones “externas”, supone limitar las posibilidades de evolución personal y evaluación personalizada e implica limitación y una gran desconfianza sobre el trabajo de los centros y de los profesionales.

Del mismo modo, supone un fuerte retroceso el pretender reducir las asignaturas optativas o las vías para el bachillerato en función de los criterios de Madrid.

Falta de respeto a la realidad y necesidades de Euskal Herria

Esta intromisión e intento de imposición resulta aún más grave en cuanto la realidad y las necesidades de Euskal Herria son totalmente diferentes, ya sea en la educación obligatoria como el la Formación Profesional, y cuando necesitamos políticas educativas y proyectos propios para responder a esa realidad y esas necesidades.

En este sentido, a ELA le causa gran preocupación que con la excusa del aprendizaje de lenguas extranjeras se se imponga como norma básica la reducción de las horas en euskara y se amplíen las de castellano. Política que ya vienen aplicando los gobierno de la CAPV y de Navarra y que hemos denunciado en innumerables ocasiones por ir en contra de los derechos lingüísticos e impedir la euskaldunización y un verdadero bilingüismo.

Adoctrimamiento ideológico

Por otra parte, el sustituir la asignatura de “la educación para la cuidadanía” por “Educación cívica y constitucional” responde exclusivamente a intereses ideológicos. A expensas de cómo se desarrolle el curriculum, mucho nos tememos que sea un intento por eliminar las visiones de la sociedad que incomodan al PP e igualar las desigualdades nacionales existentes en el estado.

La retirada de la propuesta o la dimisión del ministro y llamamiento a las instituciones y partidos de Euskal Herria a hacer frente a este ataque

Por todo lo dicho y a expensas de un análisis más profundo del texto de la propuesta, viendo los contenidos de esta verdadera contrarreforma y el procedimiento llevado, ELA entiende que este anteproyecto de ley no tiene el aval de la sociedad de Euskal Herria, ni de sus agentes educativos ni trabajadores y trabajadoras, por lo que exige la retira de la propuesta o la dimisión del ministro de educación.

Del mismo modo, ELA pide al Gobierno Vasco y al Gobierno de Navarra, y a todos los partidos políticos, que hagan frente a este nuevo ataque a nuestra capacidad para construir el sistema educativo que queremos los ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria y que de ninguna manera apliquen recorte alguno en nuestras competencias ni reforma regresiva alguna.

Llamamiento a la respuesta y la movilización

Por último, ELA llama a toda la sociedad, a los agentes educativos y trabajadores y trabajadoras de educación a que hagan frente a este nuevo ataque y a defender nuestras competencias en educación y nuestros derechos y condiciones laborales y sociales. La huelga general del próximo 26 de septiembre es una ocasión sin igual para ello.