ELA exige al Gobierno Vasco compromiso para no aplicar la LOMCE, tal y como han mostrado Cataluña o Andalucía

Ayer la consejera de educación Cristina Uriarte anunció que el Gobierno Vasco recurrirá ante el Tribunal Constitucional por entender que la LOMCE invade varias de sus competencias.

A su vez, hoy, han presentado ante los diferentes agentes educativos el marco del modelo educativo-pedagógico y la planificación de los decretos curriculares del plan Heziberri 2020 para la CAPV.

En opinión de ELA, teniendo en cuenta los pronunciamientos del Tribunal Constitucional en estos temas y las sentencias dictadas hasta el momento y viendo la composición del mismo, la vía adoptada por el ejecutivo vasco es cuanto menos inútil cuando no contraproducente. Conviene recordar que el propio PNV renunció en su día recurrir al Tribunal Constitucional en este tipo de cuestiones por entender que se trata de un tribunal político bajo el control del estado cuyas sentencias se emitían al servicio de éste.

Cualquiera que sea la vía elegida por el Gobierno Vasco, lo realmente preocupante par ELA es que el ejecutivo vasco, al contrario que Cataluña o Andalucía, no ha mostrado compromiso claro para no aplicar la LOMCE. Una y otra vez remarca la utilización de la vía jurídico-legal, pero sin garantizar en ningún caso que la LOMCE no se aplicará en la CAPV.

Para ELA, dentro de la ambigüedad en la que se está moviendo el Departamento de Educación a lo largo de los últimos meses, está queriendo hacer creer a la comunidad educativa y a la sociedad que está emprendiendo vías para no aplicar la reforma de Wert en la CAPV, interponiendo el recurso ante el Tribunal Constitucional y la puesta en marcha del plan Heziberri 2020.

Más allá de los contenidos regresivos y centralizadores de la reforma educativa, el Gobierno español quiere garantizar su aplicación legal otorgándole el rango de ley orgánica, por encima de las competencias autonómicas y demás leyes. Es por ello que para ELA resulta inexplicable que el Gobierno Vasco quiera hacer creer que dejarán sin efecto la ley orgánica y evitará su aplicación en la CAPV mediante una Ley de Educación del Parlamento Vasco, elaborando un curriculum propio o vía decreto.

Dejando de lado el debate sobre la necesidad y la idoneidad de una Ley de Educación en la CAPV o la necesidad de un curriculum propio, en opinión de ELA, en esta cuestión y en muchas otras, tales como las leyes básicas que buscan imponer recortes y acabar con la protección social, ante la actitud de imposición, neocentralista y neoliberal del Estado no queda otra vía que la confrontación democrática. En la medida en que el Gobierno español, con la complicidad del poder judicial, nos imponga políticas y leyes injustas con el fin de destruir nuestros mecanismos de protección social y autogobierno, si de verdad estamos convencidos de la injusticia que suponen estas imposiciones, no nos deja otra posibilidad que la confrontación política democrática.

ELA cree que tras estas iniciativas del Gobierno, se quiere dar apariencia de que se hace frente a la LOMCE, ocultando la falta de voluntad para poner en marcha mecanismos e instrumentos eficaces para hacer frente a un ataque de tal envergadura. Del mismo modo, centrando el debate en estas propuestas, el Departamento de Educación trata de esconder los recortes que viene imponiendo los últimos años, la insuficiente inversión en educación y la situación de bloqueo de las diferentes mesas de negociación por el intento de trasladar los recortes a los diferentes sectores educativos.

Por ello, ELA reafirma su compromiso de establecer junto con otros agentes educativos las estrategias y mecanismos necesarios para dar una respuesta eficaz a la LOMCE y construir el sistema educativo que necesitamos y queremos en Euskal Herria.