ELA no firma la propuesta del Departamento de Educación de la CAPV para el profesorado

Hoy, 13 de junio, se ha celebrado en Gasteiz la mesa de negociación de las condiciones laborales del profesorado de la enseñanza pública de la CAPV. ELA denuncia que en ella, el Ejecutivo ha presentado “una propuesta cerrada que sesga totalmente” las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras: actualización salarial, disminución del número de eventuales, cargas de trabajo...

En la enseñanza pública de la CAPV trabajan más de 25.000 docentes. El convenio que regula las condiciones laborales de este profesorado es de 2010, es decir, lleva 14 años sin actualizar. En consecuencia, han perdido un 20% de su poder adquisitivo, sufren una temporalidad superior al 40%, cargas de trabajo inadecuadas y múltiples problemas de riesgo psicosocial y de salud laboral.

A pesar de que este curso el profesorado de la enseñanza pública ha realizado 4 jornadas de huelga, el Departamento de Educación no ha negociado la actualización de las condiciones laborales de este colectivo.

Así, ha intentado negociar al margen de las mesas. “Ha mantenido reuniones bilaterales y trilaterales con algunos sindicatos, dejando de lado la mesa que ostenta la representación legítima del personal”, lamenta ELA. También ha suspendido dos reuniones convocadas en mayo y junio. “Todo para lograr un acuerdo a la baja”, afirma el sindicato.

En cuanto a los contenidos, el Gobierno ha dejado de lado los siguientes contenidos reivindicados por el profesorado en las huelgas:

• No propone procesos garantistas de consolidación que reduzcan la temporalidad hasta un 8%.

• No hay medidas para recuperar el poder adquisitivo.

• No existen medidas para aliviar las cargas de trabajo y garantizar la salud laboral física y psicosocial.

• No hay medidas para rejuvenecer las plantillas posibilitando la jubilación anticipada.

• No propone criterios adecuados para asignar recursos personales para cubrir las necesidades de las escuelas públicas. Ni mejoras en los ratios.

Además, el Gobierno ha manifestado su intención de empeorar las condiciones actuales. Así, pretende modificar el criterio de ordenación de las listas de sustitutos y sustitutas para relacionarlo con la puntuación de las OPEs; restringir los derechos que le corresponde al profesorado sustituto por trabajar 165 días anuales; o imponer la presencialidad de 30 horas.