En el Consorcio Haurreskolak se han destruido 113 empleos, han aumentado las cargas de trabajo y acentuado la precariedad

En el análisis de la matriculación de escuelas infantiles del Consorcio Haurreskolak realizado en noviembre de 2014 por ELA, aludíamos a la preocupante caída de la matriculación habida desde 2012, en torno al 20%. La principal causa de esta caída ha sido la política seguida en este sector por el Gobierno Vasco y el Consorcio de Haurreskolas y el coste de la matrícula impuesto. De hecho, numerosas familias tienen graves dificultades para afrontar su pago (160€/niño-a por 5 horas, 208€/niño-a hasta las 8 horas); problemas que se han visto agravados con los recortes de derechos laborales y sociales que nos han impuesto estos últimos años.

Ha esta caída de la matriculación, la dirección del Consorcio Haurreskolak ha respondido con la eliminación de puestos de trabajo y traslado de trabajadoras y trabajadores. Entre 2012 y 2014 la plantilla se ha reducido en 113 personas, un 8%.

Esta eliminación de puestos de trabajo ha afectado principalmente al personal sustituto. De hecho, el 41% de este personal se ha quedado sin trabajo en este periodo. Y junto a ello, personal con contrato hasta convocatoria de Oferta Pública de Empleo (contratos hasta OPE) ha sido trasladado a otras haurreskolas, lo que ha provocado importantes problemas en la organización de las haurreskolas y en las condiciones laborales de este personal.

Resulta de especial relevancia el hecho de que, con la excusa del descenso de matriculaciones y la reorganización, se ha llegado al extremo de cerrar dos escuelas infantiles (Almudena Cid, del barrio del Pilar; y Txirrinbil, de Lakua).

A la reducción del empleo se le añade la elevada eventualidad que se registra en las escuelas infantiles. El 30% de los empleos de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que conforman las plantillas de las escuelas infantiles está cubierto por personas con contrato hasta convocatoria de OPE. Y si añadimos a estas personas las que tienen contrato de sustitución, concluimos que más del 40% de la plantilla de las escuelas infantiles es temporal.

Además, la reducción de la eventualidad de los últimos años no se debe a que se haya estabilizado la plantilla, sino a la perdida de empleo de sustitutas y sustitutos. Dato preocupante e inaceptable si se pretende garantizar un verdadero proyecto educativo de calidad.

Esta situación de eventualidad afecta no solo al personal educativo, sino también al personal administrativo del Consorcio, que en once años no ha tenido ninguna convocatoria de OPE.

Por otra parte, la RPT, cuyo objeto debería ser el de fijar y organizar en cada escuela infantil los puestos de trabajo, no coincide con los puestos de trabajo reales que se pueden considerar estables para el curso (trabajadores-as con contrato indefinido y con contrato hasta convocatoria de OPE). En 62 de las 230 escuelas infantiles (27%), las plantillas que se pueden tomar como estables para el curso escolar son más amplias que las de la RPT oficial, y hay 82 puestos de trabajo que no se han recogido en ella. Esta situación impide la transparencia, ya que dificulta el control, y da a la dirección un mayor margen para tomar decisiones unilaterales.

Ejemplo de la arbitrariedad y unilateralidad de la dirección es que se emplean ratios de educadores-as diferentes a la hora de asignar puestos de trabajo a cada escuela infantil. En consecuencia, los ratios aplicados en cada centro se deciden sin seguir ningún criterio objetivo.

En opinión de ELA, para aligerar la carga de trabajo, garantizar el proyecto educativo y mejorar la calidad del servicio ofrecido hay que aplicar a todas las escuelas infantiles unos criterios uniformes y adecuados para definir el ratio de educadores-as. Además, de esta manera se controlaría y evitaría la arbitrariedad y unilateralidad de la dirección. De aplicarse los ratios propuestos por este sindicato se crearían más de 80 plazas y puestos de trabajo.

En opinión de ELA, para superar esta situación es imprescindible garantizar y estabilizar los puestos de trabajo. Para ello hay que recoger en la RPT los puestos de trabajo ocultos, convocar un concurso de traslados transparente y justo, y convocar una Oferta Pública de Empleo que contribuya a solucionar la actual precariedad. Con el fin de estabilizar la situación de las personas con contrato hasta convocatoria de OPE y las que realizan sustituciones habría que sacar a la OPE un mínimo de 300 puestos de trabajo.