El cierre patronal decretado por la dirección de Batz-Araluce no tuvo justificación

El Departamento, a fecha de 14 de noviembre, requirió a la empresa a “la reapertura inmediata del centro de trabajo afectado por el cierre patronal, para que los trabajadores se reintegren a la actividad laboral normal, con el apercibimiento de que en caso de incumplimiento procederán las sanciones establecidas”.

La empresa, en la madrugada del 8 de noviembre, intentó justificar su decisión, aduciendo que existía peligro tanto para las instalaciones como para los trabajos en curso. La decisión de la Autoridad Laboral desmonta totalmente este planteamiento.

ELA reconoce su absoluta preocupación por la forma de actuar tanto por parte de la dirección de Batz como por parte de las personas contratadas para ejercer de liquidadoras de Batz-Araluce. Su actuación pone en peligro el futuro tanto de Batz en su conjunto, como de Batz-Araluce. Reiteramos la necesidad de iniciar un diálogo constructivo que desande el camino a ninguna parte iniciado con el intento de liquidación de la empresa.

Los y las trabajadoras afectados del grupo Batz, el pueblo de Igorre y Arratia en general se merecen que todas las partes implicadas apostemos por iniciar una nueva vía de diálogo, sin amenazas, y que aporte sentido común.

Interpelamos también al Grupo MCC. Creemos que tiene que ser parte de la solución. De lo contrario, constataremos que realizar actuaciones ilegales, negar el derecho de los y las trabajadoras a organizarse e intentar despedir a 141 familias, es incompatible con una corporación que hace suyo el lema “humanity at work”.