Los peligros del mayor acuerdo comercial de la historia de la UE: el JEFTA

El JEFTA no pasará por los parlamentos nacionales de los Estados miembro de la UE, para poder así evitar una repetición de las protestas públicas que provocó el CETA en 2016. Los mecanismos de arbitraje de diferencias inversor extranjero y Estado (ISDS), renombrado ICS (Investment Court System) por la Comisión Europea, se están negociando paralelamente y por separado para convertir el acuerdo en un texto de competencia exclusiva de la UE y evitar la ratificación nacional.

Mientras el acuerdo de libre comercio con EE UU (el famoso TTIP) permanece por el momento en el cajón y el tratado con Canadá (CETA) aplicado provisionalmente y en proceso de ratificación, la Unión Europea (UE) sigue negociando acuerdos comerciales bajo la misma lógica de secretismo, armonización regulatoria a la baja y riesgos en ámbitos como, los derechos laborales, la salud y el medio ambiental, entre otros. Un ejemplo de estos acuerdos comerciales del tipo TTIP es el recientemente firmado acuerdo de la UE con Japón (JEFTA).

Para hacerse a la idea de la importancia de este acuerdo, hay que tener en cuenta que Japón es la cuarta economía más grande del mundo y el segundo socio comercial de la UE en Asia. Juntos mueven más de un tercio de la economía mundial, por lo que resulta obvio decir que el "mayor acuerdo comercial bilateral jamás negociado" por la UE es tan importante o más que el TTIP o el CETA.

El acuerdo que entrará en vigor en 2019, incluye las mismas áreas temáticas que fueron negociadas con EEUU (con el TTIP) tales como servicios públicos, reglamentación, contratación pública, alimentación y agricultura. El JEFTA también contiene un capítulo con uno de los aspectos más cuestionados en los tratados TTIP y CETA: la mal llamada “cooperación reguladora” que facilita la armonización a la baja de regulaciones ambientales y sanitarias, así como “listas negativas” que facilitan la privatización de servicios públicos (todo lo que no esté en una lista previamente acordada pasa a ser susceptible de ser abierto a la inversión extranjera).

Por un lado, el JEFTA supone una amenaza tanto para la pequeña agricultura familiar japonesa como para la agricultura familiar europea. El movimiento campesino lleva décadas pidiendo que se apueste por el comercio justo y por los circuitos cortos fomentando la producción de alta calidad que permita la creación de valor agregado en los pueblos donde se producen los alimentos.

Por otro lado, con la entrada en vigor del JEFTA, las normas de protección social y ambiental se verán afectadas y, muy en concreto, los esfuerzos para frenar el cambio climático, ya que el incremento del comercio de productos a grandes distancias generará más emisiones contaminantes. Además, hay que tener en cuenta que el capítulo de desarrollo sostenible del JEFTA no tiene un mecanismo sancionador, por lo que las posibles vulneraciones de las disposiciones de dicho capítulo por parte de los estados o de las empresas no tendrán consecuencias.

En lo que respecta a la captura de ballenas, en 2016 el Parlamento Europeo aprobó una resolución que pedía a la Comisión Europea, que exigiera a Japón cumplir sus obligaciones internacionales emanadas de la Comisión Ballenera Internacional que estableció una moratoria en la captura de ballenas. A pesar de que este no es un elemento comercial ya que la carne de ballena está prohibida en la UE, sí se había pedido a la UE que condicionara la firma del acuerdo a la prohibición total de la captura de ballena por parte de Japón, cosa que no ha ocurrido.

En el ámbito laboral es de destacar que Japón aún no ha ratificado algunas normas laborales fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como el convenio 105 sobre la abolición del trabajo forzoso y el convenio 111 sobre la discriminación en el empleo.

En lo relativo al género, el JEFTA no contiene un capítulo sobre la perspectiva de género y los impactos de este acuerdo tampoco han sido evaluados desde una perspectiva de género.

Otra amenaza, es que en el JEFTA el principio de precaución (que establece que no debe permitirse la venta de productos cuando no se descarta al 100% un riesgo para la salud y la naturaleza) no está suficientemente protegido. No hay que olvidar que siete años después de la catástrofe nuclear de Fukushima, sigue habiendo altas dosis de radiactividad que suponen riesgos para la salud humana en áreas próximas a la central nuclear y aún se detectan niveles letales de radiación en la planta. A pesar de ello, la Comisión Europea decidió levantar sus restricciones a las importaciones de algunos alimentos de diez prefecturas japonesas, entre ellos al arroz cultivado en Fukushima.

Nos encontramos de nuevo ante un acuerdo que pone en peligro los servicios públicos, la salud pública, los derechos sociales y laborales, el medio ambiente, que limita la capacidad democrática de regular de los gobiernos y de los parlamentos, y que impulsa el libre comercio por encima de un desarrollo humano y sostenible compatible con los límites del planeta. Es sin duda, una política comercial que debe rectificarse y ante la que hay que seguir movilizándonos.