La legislación en vigor no permite la reanudación de actividades industriales en el solar en el que se ubica Corrugados Azpeitia

Ante el debate surgido en los últimos días en torno a la posible reapertura de Corrugados Azpeitia, el sindicato ELA quiere manifestar lo siguiente:

- Que la ubicación de un proyecto siderúrgico en un núcleo de población va en contra de todos los criterios sanitarios, medioambientales y de seguridad.

- Que es inaceptable la campaña mediática que está llevando a cabo la Consejera Arantza Tapia, más aún sabiendo que la competencia de Ordenación del Territorio es del Gobierno Vasco y no del ayuntamiento, y que la cuestión no es tan simple como que el ayuntamiento modifique una norma urbanística.

- Que en base al criterio de protección de la salud de las personas y del medio ambiente, y en cumplimiento de los criterios de las Directivas Europeas, los Planes de Ordenación Territorial de la CAPV y las normas urbanísticas de Azpeitia no permiten la reanudación de actividades industriales en el solar en el que se ubica Corrugados Azpeitia.

- Que las declaraciones realizadas por Consejera de Medio Ambiente, en nombre del Gobierno Vasco son inaceptables. La Consejera ha dicho que el departamento que dirige concederá a la empresa la Autorización Ambiental Integrada, sabiendo que el restablecimiento de la actividad industrial en esta ubicación es ilegal.

- Que es preocupante que la máxima autoridad ambiental de la CAPV haga este tipo de declaraciones, porque conoce los riesgos y daños que supone la ubicación de una actividad contaminante desde el punto de vista sanitario y medioambiental en el núcleo urbano, y aún así antepone otros intereses.

- Que ELA está luchando por la defensa del empleo, pero la creación de empleos (no sabemos cuantos porque todavía la empresa no ha presentado ningún proyecto) no es excusa para que demos por bueno cualquier proyecto, y menos aún sabiendo que es una actividad que va a perjudicar la salud de la ciudadanía y el medio ambiente.

Siendo esto así, ELA exige al Gobierno Vasco que abandone esta actitud inaceptable y que se centre en alternativas reales, llevando a cabo una política industrial legal y que suponga un beneficio para toda la ciudadanía.