A Bilbao en defensa del derecho a vivir en euskera

06/05/2026

Mitxel Lakuntza (ELAren idazkari nagusia) eta Amaia Muñoa (idazkari nagusiaren ondokoa)

Existen lenguas pequeñas. Existen lenguas empequeñecidas. Y existen lenguas grandes. También lenguas agrandadas a la fuerza. Pretender normalizar una lengua como el euskera, reducida durante siglos mediante la represión, se presenta como una imposición. Mientras tanto, seguir imponiendo a toda la sociedad una lengua que fue impuesta por la fuerza en el pasado, el castellano, se considera algo normal. Quienes nos atacan e insultan a quienes defendemos el euskera llaman a esto “situación sociolingüística”, como si fuera el resultado de un proceso natural.

Queremos revertir progresivamente la actual situación sociolingüística para que toda la ciudadanía vasca tenga derecho a conocer y utilizar el euskera. ¿O acaso vivir en castellano va a seguir siendo el privilegio de quienes quieren imponer únicamente el español? La manifestación convocada para el 9 de mayo quiere responder a esta pregunta de fondo. Hoy en día, todas las personas euskaldunes somos bilingües y ofrecemos la posibilidad de comunicarse con nosotros en castellano o en francés. Solo reclamamos igualdad. Creemos que es necesario establecer medidas y recursos para superar todos los obstáculos al uso del euskera en todos los ámbitos de la vida. Queremos vivir en euskera en todos ellos, pero si no se consigue en las administraciones, no se logrará en ningún otro espacio.

Nuestras reivindicaciones son muy simples: que el euskera tenga la misma protección jurídica que el castellano, ni más ni menos. Si conocer el castellano es obligatorio, que también lo sea conocer el euskera. No se trata de una condena impuesta a las personas, sino de una obligación para las instituciones públicas. Por ejemplo, deben desaparecer los modelos lingüísticos del sistema educativo que solo garantizan el conocimiento del castellano, para asegurar también el del euskera. Queremos igualdad jurídica y, mientras no se supere la opresión sistemática que padecemos, necesitaremos medidas compensatorias.

Asimismo, queremos equiparar la exigencia del euskera en las administraciones a la del castellano, de manera progresiva pero con un plazo definido. Antes de ese plazo, las administraciones deberán proporcionar los recursos necesarios para que todo el personal que no sepa euskera tenga la oportunidad de aprenderlo. Defendemos también que, si una persona realiza el esfuerzo de aprender euskera pero no obtiene la certificación, se contemple una excepción en el requisito lingüístico.

A estas propuestas solo pueden oponerse quienes quieren imponer la supremacía del castellano. Y los hay. Son partidos políticos y sindicatos que han condenado al alumnado del sistema educativo a no conocer el euskera (al imponer los modelos A y B en el debate de la Ley de Educación). Después, pretenden reservar puestos de trabajo públicos para esas personas que no saben euskera. Les niegan el euskera cuando son estudiantes y, cuando son adultas, defienden que están discriminadas para trabajar en la administración.

Estos agentes se muestran a favor del euskera, siempre que esté subordinado al castellano. Sin embargo, son quienes se han alineado con la extrema derecha en materia lingüística (en contra de lo que sus propios partidos y sindicatos defienden en Cataluña, Baleares, Valencia o Galicia). En esos territorios tienen claro que el sistema educativo debe garantizar el aprendizaje de ambas lenguas oficiales y que el conocimiento de ambas debe exigirse a quienes trabajen en la administración, porque de lo contrario quienes sufrirían discriminación serían la ciudadanía al recibir el servicio o el personal público que quiera trabajar en su lengua nacional.

En la Comunidad Autónoma Vasca el debate político está abierto. Los partidos discuten si igualar los derechos lingüísticos o mantener a las personas euskaldunes en una posición subordinada. Una ofensiva judicial, política, sindical y mediática trata de condicionar este debate para garantizar la supremacía del castellano. Se reivindica un supuesto derecho de veto para que nada cambie. A ese veto lo llaman consenso político o pluralidad. Utilizan esa manipulación del lenguaje para ocultar que quieren perpetuar la imposición del castellano y mantener subordinadas a las personas euskaldunes. No podemos aceptar que Eneko Andueza y el PSE marquen el límite de las políticas lingüísticas.

Ante las campañas de criminalización, la ofensiva organizada y los vetos, corresponde a quienes defendemos el euskera movilizarnos. Necesitamos respuestas organizadas. El 9 de mayo, en Bilbao, los sindicatos queremos dar una respuesta en defensa del derecho a vivir y trabajar en euskera. Como el 10 de mayo en Senpere, en Herri Urrats, se reivindicará poder realizar el examen de acceso en euskera. O como el 13 de junio en Iruña, donde Kontseilua reclamará un nuevo impulso. Todas estas son expresiones colectivas de rebeldía frente a las imposiciones uniformizadoras de dos Estados, ejercicios de desobediencia organizados para poder vivir en euskera.

En Bilbao no está solo en juego reclamar la oficialidad real del euskera. No se trata únicamente de exigir su equiparación progresiva al castellano en las administraciones con plazos claros. Lo que está en debate es si tenemos o no derecho a vivir y trabajar en euskera. Nosotras y nosotros lo tenemos claro: sí. Y por eso queremos que tú también estés en Bilbao. Porque somos pequeños, pero no aceptamos seguir siendo empequeñecidos.