Instan a ejecutar de manera forzosa la sentencia que condenó al Departamento Justicia por vulnerar el derecho a la salud de parte del personal de Justicia de Donostia
ELA se ve obligada a instar la ejecución forzosa de la sentencia que condenó, el 23 de diciembre de 2020, al Departamento Justicia por vulnerar el derecho a la salud de parte del personal de Justicia de Donostia. La sentencia concretaba que “resulta evidente que los espacios que hoy ocupan las y los trabajadores no cumplen las medidas de prevención para evitar el contagio a través de aerosoles, al no resultar eficaces ni los sistemas de ventilación mecánica, ni los de ventilación natural, ni las medidas de separación de cada sección." Por ello, la Magistrada instaba a que se utilizaran todos los espacios libres de las plantas 3ª y 4ª del Palacio de Justicia de Atotxa, en Donostia, para trasladar todos los puestos de trabajo posibles y de esa forma, garantizar la salud del personal durante la pandemia. Medida de la que se beneficiaran también ciudadanía y profesionales que acuden a diario a dichas dependencias.
En plena pandemia sanitaria, el 23 de diciembre del 2020, la justicia, dando la razón a ELA, condenó al Departamento de Justicia del Gobierno vasco por vulnerar el derecho a la salud de una parte del personal de justicia de Donostia. La sentencia exigía la redistribución de todos los puestos de trabajo posibles a varios espacios vacíos y disponibles en las plantas tercera y cuarta del palacio de justicia de Atotxa.
Tras numerosas negativas por parte del Departamento de Justicia, el 20 de mayo ELA se vio obligada a solicitar judicialmente la aplicación de una medida de protección colectiva, consistente en redistribuir puestos de trabajo a varios espacios vacíos y disponibles en las plantas tercera y cuarta.
El Departamento de Justicia del Gobierno vasco por su parte, sin negar la caótica situación en la que se encuentra la distribución de espacios en la planta tercera y cuarta, alega que el reacondicionamiento de los espacios, que actualmente se encuentran vacíos y sin utilizar en ambas plantas, resultaría muy gravoso para la Administración autonómica en los momentos de crisis en los que nos encontramos. “Amén de que nada se acredita al respecto, de la prueba de reconocimiento judicial, testifical y la documental resulta acreditado que dichos extremos no se ajustan en modo alguno a la realidad”, subraya ELA.
ELA recuerda que, a pesar de ser una sentencia firme y definitiva y de haber transcurrido casi treinta días desde que fue dictada, las y los responsables políticos de ese Departamento no la han cumplido y siguen priorizando criterios de rentabilidad económica, y de su propia comodidad, para seguir vulnerando un derecho fundamental como es el de la salud del personal al servicio de la Administración de Justicia en Donostia.
“Este incumplimiento de un mandato judicial por parte, precisamente, del Departamento de Justicia, cuando además el Lehendakari Urkullu no deja de reclamar responsabilidad a la ciudadanía, es absolutamente injustificable y muy grave, por lo que ELA hace responsables a las y los políticos al frente de dicho Departamento de cualquier daño a la salud que por motivo de la pandemia se pueda ocasionar en las oficinas judiciales afectadas por la sentencia”.