"En las obras públicas de Donostia se utilizan trabajadores residentes en el exterior para que desaparezcan cuando haya una denuncia o accidente"

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"En las obras del metro de Donostia los trabajadores llegaron a meter 19 horas al día en lugar de las 6 horas que corresponden legalmente . En los trabajos subterráneos la ley dice que la jornada debe ser más corta que la habitual de 8 horas, pero eso aquí no se respetaba. Entre febrero y noviembre de 2019 35 trabajadores realizaron 10.000 horas extras. Lo hemos demostrado con nombres y apellidos. Antes de denunciar las cosas públicamente o en el juzgado, nosotros hablamos con las autoridades políticas responsables de estas obras públicas. Conocían todo esto, pero no han hecho nada, no les importan las condiciones laborales de los trabajadores y la opinión de los ciudadanos."

"¿Cómo funcionan estas obras? Se adjudica la obra pública a una empresa potente. ¿Cuántos trabajadores de la obra trabajan en esta empresa? El 1-2%. Todos los demás son subcontratados. Y los subcontratados son foráneos. El objetivo no es que sean portugueses, paquistaníes, gallegos... El objetivo es que sean trabajadores que viven fuera para que desaparezcan sin dejar rastro cuando haya una denuncia o un accidente. Quieren obras baratas y silencio."

"Que nosotros sepamos en las obras del metro cinco trabajadores han sufrido accidentes graves. Al principio no se acercan a nosotros, tienen miedo. Estos siempre trabajan con contratos temporales y si los ven con nosotros los echan a la calle. Algunos de estos trabajadores llevan 10 años trabajando en el País Vasco, muchos proceden de las obras del TAV, y han trabajado en 10 empresas diferentes. Así que saben que penden de un hilo y se callan. Para presentar las denuncias necesitamos  cel consentimiento de los trabajadores y de los cinco que han sufrido un accidente solo dos lo han denunciado: no volverán al trabajo. Uno ha perdido movilidad en la mano y el otro no puede andar. Han recibido amenazas por . Las autoridades lo sabenparte de la empresa. Las autoridades políticas, responsables de la obra, saben que la empresa ha amenazado a los trabajadores por denunciar el accidente laboral. Eusko Trenbide Sarea sabe que ha habido accidentes y que no aparecen en ningún sitio. Se registran como hechos menores. Pero un accidente que provoca 10 meses de baja no es un hecho menor."

"Por ejemplo: se están utilizando camiones para extraer arena y tierra de las obras del metro bajo tierra. Es más barato hacer dos viajes con el camión que hacer tres. Por eso los camiones salían y entraban con una sobrecarga del 50%. Estos camiones, con sobrecarga, en mal estado, sin superar la ITV, circulaban por las calles donostiarras. En una semana la Ertzaintza impuso tres multas por sobrecarga al conductor del camión. La seguridad del trabajador y de los ciudadanos estaban en peligro. Hablamos con la empresa. Nos dijo que a esos precios no había otra forma de hacerlo. Acudimos a la Inspección de trabajo, hablamos con las autoridades políticas, y nada. Cuando el trabajador interpuso la denuncia recibió la siguiente amenaza: sal de aquí o tendrás un accidente. También hemos denunciado esta amenaza. El trabajador no ha recibido ninguna protección de las autoridades responsables de la obra pública. Se ha sentido muy solo."

"Los dirigentes políticos y las empresas saben que esto es así. Con dinero público se emplea a los trabajadores que más lo necesitan. Estos trabajadores saben que no cumplen sus derechos. Estos trabajadores sabían lo que dice el convenio de la construcción de Gipuzkoa pero cobraban un 60% menos, pero el miedo a perder el trabajo es más fuerte. Saben que con cualquier movimiento que hagan les echarán a la calle. Nosotros nos acercamos por detrás, les pasamos nuestros datos, ponemos información en los tablones informativos, con los que se atreven a dar un paso adelante conseguimos cosas, pero al ganar sentencias, es cada trabajador el que tiene que hacer la reclamación, y la mayoría no se atreven. En las obras de Anoeta, por ejemplo, y gracias a las sentencias que ganamos, la empresa tenía que pagar 7 millones a los trabajadores por irregularidades cometidas, pero ¿cuántos trabajadores reclamaron? Sólo el 10%. Nosotros dijimos: ¡si la empresa no les paga a los trabajadores esos 7 millones no podemos darles 15 millones de dinero público! ¡Que han robado 7 millones del bolsillo de los trabajadores!"

"Las autoridades políticas pueden pueden acabar con todo esto. En los contratos públicos se pueden poner cláusulas para suspender los contratos en caso de que no se cumplan las condiciones de seguridad y salud laboral o las condiciones laborales. Pero no hay voluntad política. Piensa que Arriola, Ernesto y Pedro Marco, que tenían responsabilidades en el vertedero de Zaldibar cuando se produjo el desastre, ahora están en las obras del metro en nombre del Gobierno Vasco."