El sindicato CCOO se ha convertido en el “Manos Limpias” contra los derechos lingüísticos de las personas vascoparlantes
El Gobierno Vasco rechaza que las dos lenguas oficiales de la CAPV tengan el mismo tratamiento en las administraciones. En concreto, se ha negado a emprender una transición para exigir el euskera al mismo nivel que exige el castellano a los trabajadores y las trabajadoras de las administraciones. En consecuencia, en todos los puestos de trabajo se impone el conocimiento del castellano, y el euskera sólo en algunos puestos de trabajo. ELA ha reclamado en varias ocasiones que se abra un proceso de equiparación de la exigencia de las dos lenguas, exceptuanndo a las personas que tienen cerca la jubilación y con la oferta de apoyo, recursos y tiempo para aprender euskera al resto de la plantilla. El Gobierno Vasco ha dado por buena la imposición del castellano y sólo hace algunas peticiones básicas para fomentar el euskera, pero CCOO lo considera excesivo y utiliza los tribunales euskarafobos para recortar los derechos lingüísticos de las y los euskaldunes.
En esta ocasión, CCOO ha conseguido anular varios artículos de un acuerdo del Gobierno Vasco que recomienda el uso de las lenguas. Entre otras, ha anulado las siguientes recomendaciones:
- Que la ciudadanía tenga los mismos derechos lingüísticos que tendrían directamente en las administraciones frente a las empresas subcontratadas por estas. Es decir, la ciudadanía no podrá exigir que las empresas garanticen los derechos lingüísticos en los servicios públicos subcontratados y puede ser obligada a hablar en castellano.
- Obligatoriedad de presentar la documentación en euskera cuando las empresas subcontratadas trabajen para la administración. Las empresas subcontratadas presentan la documentación en general únicamente en castellano, lo que supone obligar a trabajar en castellano a la administración, incluso cuando las empresas están trabajando para las administraciones.
- Pedir que los trabajadores y las trabajadoras de los servicios públicos saluden en euskera. El personal de los servicios públicos tiene una relación de poder con la ciudadanía, dado que ésta necesita su servicio en situaciones de gran vulnerabilidad (problemas de salud, necesidad de cuidados, necesidad de ayuda administrativa...). Como consecuencia de la imposición del castellano, las personas vascoparlantes están acostumbradas a renunciar a sus derechos lingüísticos y, si no reciben el saludo en euskera, recurrirán al castellano en la mayoría de los casos, para no tener ningún enfrentamiento. El sindicato CCOO y el Tribunal Superior de Justicia han querido prohibir esta recomendación que pretende facilitar el uso del euskera.
- Posibilidad de formación obligatoria en euskera para trabajadores y trabajadoras con perfil lingüístico. Los empleados públicos tienen que recibir obligatoriamente una serie de formaciones que son prácticamente en su totalidad en castellano. Es decir, la formación se recibe obligatoriamente en castellano y a partir de ahora será optativo que las formaciones se reciban en euskera. Por lo tanto, las administraciones seguirán ofertando la formación únicamente en castellano.
- Posibilidad de entregar documentos en euskera a aquellos trabajadores y trabajadoras que tengan acreditado el conocimiento de euskera. En las administraciones lo habitual es que los documentos de trabajo se elaboren exclusivamente en castellano y se trasladen al personal en este idioma. Pues bien, esto no se podrá hacer en euskera y, en consecuencia, se impondrá que la lengua de trabajo sea el castellano. Las traducciones se realizan normalmente sólo en los documentos que se ofrecen a la ciudadanía, por lo que el idioma de trabajo original es único, si no puede ser el euskera será necesariamente el castellano.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia ha vuelto a recordar la jurisprudencia anteriormente establecida: “el equilibrio entre ambas lenguas bien que se produzcan en ambas o en aquella que todos tienen el deber de conocer”. Es decir, que las administraciones sólo pueden expresarse en dos idiomas o en castellano, y en ningún caso sólo en euskera. CCOO, con su recurso, ha querido aplicar este supremacismo lingüístico y constitucional para garantizar el uso obligatorio del castellano por parte de todos los trabajadores y trabajadoras y para excluir los derechos lingüísticos de las personas vascoparlantes.
Hasta ahora, el sindicato CCOO ha puesto como excusa el riesgo de que el personal eventual pierda su empleo para denunciar la ley contra la normalización del euskera. Pues bien, en esta ocasión ha impugnado medidas que no tienen ninguna relación con los puestos de trabajo o con los sistemas de selección y ha demostrado su posición supremacista y su pretensión de imponer el conocimiento del castellano en las administraciones. Hay que denunciar estas actitudes euskarafobas y blanquear a este sindicato mediante una relación normalizada, mientras actúe en los juzgados de la misma forma que sindicatos ultraderechistas contra los colectivos oprimidos.
ELA considera que ya es hora de plantar cara a los partidos políticos, sindicatos y jueces euskarafobos, y reivindicar la oficialidad plena del euskera. El actual marco legal y constitucional vulnera sistemáticamente los derechos lingüísticos de las personas vascoparlantes. Se debegarantizar el derecho a la igualdad de las personas euskaldunes, por lo que ELA reivindica el derecho a vivir en euskera en todos los ámbitos de la vida. Las administraciones y los jueces se han negado a poner medios y medidas para superar la actual opresión lingüística de los vascos y vascas y, por ello, ELA considera que la movilización es el único camino que tiene la sociedad, por lo que convoca a sus militantes a participar junto a LAB en las movilizaciones organizadas el 16 de diciembre en Iruñea y el 17 en Gasteiz.