ELA ha afirmado que el euskera ha sido una lengua fuertemente minorizada tanto en la sociedad como en las administraciones. Por ello, el sindicato ha asegurado que la única manera de revertir cualquier otro tipo de opresión es garantizar una protección legal suficiente. En caso contrario, el que ha alcanzado la supremacía seguirá reproduciendo su superioridad con total normalidad. Así, el castellano sigue siendo obligatorio para todos los puestos de trabajo en las administraciones públicas de la CAVP. Es por ello que ELA considera que la supresión de las exigencias en euskera en las administraciones es una amenaza debido a que sostiene la hegemonía del castellano.
Por otro lado, el sindicato ha recordado que en muchas administraciones de la CAV, como en Osakidetza, en la Administración de Justicia o en la Ertzaintza, la ciudadanía no tiene garantizados los servicios en euskera ni la posibilidad de trabajar en euskera. Al igual que se ha hecho con el castellano, si por ley no se impone la impunidad para exigir el conocimiento del euskera, y como hasta ahora bajo la presión de los sectores euskaldunes, difícilmente se podrá avanzar en la normalización del euskera en las administraciones y en la garantía de los derechos lingüísticos de los ciudadanos euskaldunes.
Del mismo modo, ELA considera que la propuesta del PNV no va a servir para hacer frente a las sentencias euskarafobas que sufre el euskera, ya que los tribunales establecerán mediante jurisprudencia el nivel de conocimiento del euskera que no se establezca por ley, a través de una lectura estricta de la Constitución española.
En opinión de ELA, el PNV se ha sumado a la presión euskarafoba del PSE-EE, y para ello el PSE-EE no ha necesitado ningún acuerdo. Por ello, ELA ha afirmado que es el momento de ser valientes en la defensa de los derechos lingüísticos de los euskaldunes. Por lo tanto, ELA ha pedido que los sindicatos recojan legalmente lo que es justo y justo para la mayoría de la sociedad:
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Equiparar la exigencia del euskera con la del castellano, estableciendo un plazo razonable para ello.
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Garantizar recursos para el aprendizaje del euskera y diseñar itinerarios personalizados para el aprendizaje del euskera, especialmente para el personal eventual que no tenga conocimiento del euskera. Asimismo, deben preverse excepciones para aquellas personas que hayan intentado aprender euskera y han fracasado o estén a punto de jubilarse.
Finamente, el sindicato ha asegurado que los derechos lingüísticos y laborales son "perfectamente compatibles" y que el derecho a trabajar en euskera es un derecho laboral. ELA pide a los partidos políticos valentía para hacer frente a las sentencias euskarafobas y, para ello, cree necesario basarse en la proposición de ley presentada por EH Bildu.
