EUSKARA EN LA ADMINISTRACIÓN
ELA exige al Gobierno Vasco iniciar una transición para que en 15 años pueda haber administraciones públicas bilingües
Aintzane Orbegozo, miembro de la dirección de ELA-Gizalan, y Pello Igeregi, responsable de Euskara del sindicato, han ofrecido una rueda de prensa para fijar la posición de ELA ante el decreto de normalización del euskara en las administraciones; asimismo, han presentado el informe titulado ‘Decreto de normalización del uso del euskara en el sector público de la CAPV’, que contiene las propuestas del sindicato. También han llamado a participar en la manifestación del 4 de noviembre en Bilbo.
Aintzane Orbegozo ha denunciado que “actualmente la ciudadanía no tiene garantizada la atención en euskara en las administraciones públicas. No resulta fácil reclamar un servicio en euskara, cuando se suelen dar situaciones muy vulnerables (controles policiales, urgencias, juzgados...). Las administraciones no están capacitadas para actuar con normalidad en euskara. Por ejemplo, las historias clínicas de Osakidetza solo se pueden cumplimentar en castellano. El ejemplo extremo de está en la Administración de Justicia; la presencia del euskara en los procedimientos judiciales es de un 0,1%; este dato indica una discriminación sistemática”.
“Tampoco las trabajadoras y trabajadores euskaldunes -ha proseguido Orbegozo- pueden trabajar en euskara, ni siquiera cuando no están en presencia del público. En general, el personal está obligado a trabajar en castellano. Por eso se exige el conocimiento de esta lengua en el 100% de las plazas públicas, y el del euskara solo en determinados puestos de trabajo, ya que se entiende que el funcionamiento de las administraciones será en castellano”.
En ese sentido, “el proyecto de decreto del Gobierno Vasco normaliza y regula esa situación, una vez más. Es más, prohibe expresamente acreditar un conocimiento mayor de euskara en las plazas en las que se exige un conocimiento básico”. Eso quiere decir que, cuando se exige un nivel básico de euskara, como el B2, este será el límite para otorgar la puntuación; si la persona que se presenta a la oposición tiene un nivel más alto, por ejemplo el C1, este no se le reconocerá, ni aun como mérito. "¿Alguien puede imaginarse que en una oposición se exija un grado pero que se prohiba expresamente y por ley la valoración de un master? Pues bien, eso es lo que propone el Gobierno Vasco”.
Según Pello Igeregi, “el Gobierno Vasco cede a las presiones de los sectores euskarófobos y renuncia a la equiparación de los derechos lingüísticos. La consecuencia de esto es que el castellano seguirá siendo la lengua prioritaria. En el caso de la ciudadanía euskaldun, tendremos que seguir haciéndonos notar para que se nos atienda en euskara, y las trabajadoras y trabajadores euskaldunes no podrán prestar servicio en euskara, porque para todas las plazas solo se exigirá obligatoriamente el castellano”.
En opinión de ELA, igual que en el resto de ámbitos de la sociedad, es el momento de equiparar ambas lenguas oficiales. La base para ello es el bilingüismo universal, junto con medidas proactivas que equilibren la discriminación que sufre la población euskaldun. Eso es lo que ELA plantea para las administraciones públicas: Que se diseñe un periodo de transición de 15 años para pasar de la situación actual al bilingüismo, con medidas y recursos para euskaldunizar al personal. "Es el momento de ser firmes en cuanto a las metas y flexibles en el recorrido”, ha asegurado Igeregi. Aporta más detalles el documento presentado hoy en la rueda de prensa.
ELA ha emplazado al Gobierno Vasco para que se fije en la situación de los derechos lingüsticos en las administraciones públicas. "Si no, el predominio del castellano se normalizará”, afirma Igeregi, “aún más, cuando la extrema derecha política y judicial presenta como imposiciones las medidas para garantizar derechos fundamentales".
Ante todo ello, ELA llama a la ciudadanía a participar en la manifestación del próximo 4 de noviembre, para dar una respuesta social y política acorde a las sentencias y disposiciones contrarias a los derechos lingüísticos.