ELA pide una reunión entre los principales sindicatos y patronales para poder negociar también en euskera
Por otra parte, ELA considera satisfactorio que el Tribunal Constitucional no haya admitido el caso de la Ley de Empleo Público, pero expresa sus reservas porque el asunto volverá al TSJPV que está dictando sentencias euskarafobas.
El Consejo de Relaciones Laborales es una institución pública que tiene la obligación de garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas que recurren a èl. Además, sindicatos y patronales, al igual que el Parlamento Vasco, tienen la función pública de crear normas, en este caso normas laborales. Que la presidenta del Consejo de Relaciones Laborales delegue la garantía de los derechos lingüísticos en las partes negociadoras no es de recibo.
De acuerdo con la ley que regula las funciones del Consejo de Relaciones Laborales, su función es fomentar la negociación colectiva e impulsar una adecuada estructura de los convenios del ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, territorial o sectorial. Pues bien, el CRL no ofrece una estructura adecuada para que las negociaciones puedan desarrollarse también en euskera, de modo que quienes quieran expresarse en euskera se verán sometidos a presión y ELA considera que esto es totalmente inaceptable.
En consecuencia, ELA ha solicitado una reunión de los principales sindicatos y patronales de la CAPV para consensuar criterios lingüísticos y recursos entre los interlocutores antes de las negociaciones de septiembre, dejando claro que ELA no renunciará a su derecho a hablar en euskera en 27 negociaciones mencionadas. La negociación colectiva debe servir para garantizar también los derechos lingüísticos, ya que a juicio de ELA poder trabajar en euskera es un derecho laboral.
La Administración y las empresas deben establecer recursos y medidas para garantizar los derechos lingüísticos; esto no puede convertirse en un problema individual de personas trabajadoras euskaldunes o castellanohablantes monolingües. Dicho esto, la falta de recursos no puede dar lugar a que que las personas euskaldunes tengan que renunciar a sus derechos; esto es lo que ELA quiere cambiar con la iniciativa de negociación de los convenios sectoriales.
La decisión del TC debe ser interpretada con cautela
A este respecto, ELA ha señalado que es una buena noticia que el Tribunal Constitucional (TC) no haya admitido a trámite una pregunta en contra de la Ley de Empleo Público, pero que hay que ser absolutamente prudentes, ya que el caso volverá al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que restringe una y otra vez los derechos lingüísticos de la ciudadanía euskaldun. El Tribunal Constitucional no ha declarado la idoneidad del sistema de perfiles lingüísticos, simplemente no ha expresado duda de constitucionalidad.
Por último, ELA quiere denunciar que la actual normativa de perfiles lingüísticos no es la adecuada ni garantiza que los trabajadores y trabajadoras podamos trabajar en euskera y que la ciudadanía sea atendida en euskera. La actuación de tribunales, medios de comunicación, partidos políticos y sindicatos reactivos frente al euskera no puede obligar a las y los euskaltzales a aceptar la normativa actual como límite. ELA exige una normativa que garantice también los derechos lingüísticos de la ciudadanía y el personal euskaldun y los recursos precisos para la progresiva euskaldunización de todas las personas trabajadoras. En este sentido, la última modificación de la Ley de Empleo Público, impulsada por el PNV y aprobada con la abstención de EH Bildu, perpetuará la discriminación de los y las euskaldunes y no ofrecerá recursos necesarios para euskaldunizar al personal.