ELA denuncia que la situación de La Naval es consecuencia de la falta de política industrial del Gobierno vasco
ELA afirma que la situación que vive el astillero La Naval - el Tribunal Supremo acaba de rechazar declarar nulos los despidos de los trabajadores de La Naval de Sestao, tras desestimar los recursos de casación interpuestos por CAT, ELA y CC.OO-, es consecuencia directa de la falta de política industrial del Gobierno vasco. “En los últimos años ha habido un boicot evidente por parte de la Consejería de Industria, que dirige Arantza Tapia, para la entrada de capital y control publico”, afirma el sindicato. Afirma que la inyección de dinero público era la solución más eficiente y garantista para asegurar el futuro del astillero. Además, recuerda que se trataba de una acción perfectamente legal, tal y como se ha visto entre otros casos en Europa, algo que asegura ELA, conocía la consejera, a pesar de lo que pudiera decir en público.
“El problema es que tenemos un Gobierno vasco que, en vez de tener una política industrial real para nuestro país que defienda los intereses de los y las trabajadoras, se convierte en una máquina de propaganda que sólo busca favorecer a la Patronal y a las grande empresas industriales de este país”.
ELA recuerda que el sindicato siempre ha estado dispuesto a negociar con cualquier interesado o inversor. No en vano, lo plantearon junto al comité en el periodo de consultas del ERE, pero la administración concursal no lo aceptó. “Nuestra prioridad siempre ha sido el mantenimiento de un proyecto industrial para el astillero y el mantenimiento de los puestos de trabajo. Otros agentes como los anteriores accionistas y el Gobierno vasco en particular, tenían como prioridad cerrar la La Naval y destruir 174 puestos de trabajo. Lamentablemente, lo han conseguido”, denuncian.
Cabe recordar que el 30 de septiembre finalizó el plazo fijado por la jueza de lo Mercantil para presentar ofertas de cara a adjudicar La Naval en esta primera fase de liquidación. Lamentablemente, no ha existió oferta alguna, por lo que las posibilidades de que el astillero pudiese tener actividad industrial naval con un nuevo inversor se reducen.
El 12 de noviembre, el Tribunal Supremo desestima los recursos contra los despidos planteados por ELA, CAT y CCOO, despidos que tuvieron el aval de la autoridad laboral del Gobierno vasco.
ELA recuerda que La Naval fue público hasta su privatización en el 2006 mediante un acuerdo entre la SEPI (Gobierno de Madrid del PSOE) y los sindicatos UGT y CCOO. Consecuencia de ello, se hicieron con las acciones dos empresas industriales relevantes de nuestro país como Ingeteam y Astilleros Murueta. “El deterioro de la gestión en los últimos años fue clamoroso, responsabilidad de estas dos compañías vascas. Nadie ha querido responsabilizar de nada a estas dos empresas. Y eso que hasta ultima hora, agosto y septiembre de 2020, Astilleros Murueta ha estado utilizando las instalaciones del astillero para su provecho”, denuncia.