ELA denuncia que el acuerdo fiscal entre PNV y PSE vuelve a priorizar los beneficios de los propietarios

ELA considera que el acuerdo fiscal anunciado ayer por PNV y PSE en materia de vivienda vuelve a apostar por las mismas políticas que han contribuido a generar la actual crisis habitacional: la mayoría de las medidas están dirigidas a mejorar la fiscalidad de los propietarios de viviendas, mediante nuevas bonificaciones, exenciones y ventajas fiscales.

Una de las principales medidas consiste en aumentar las bonificaciones en el IRPF sobre los ingresos obtenidos por el alquiler, que podrán alcanzar el 70% o el 75% en determinados supuestos. Es decir, mientras miles de personas tienen enormes dificultades para pagar un alquiler, PNV y PSE optan por reducir todavía más los impuestos que pagan quienes obtienen ingresos del arrendamiento de viviendas.

El acuerdo también contempla exenciones fiscales para los propietarios que vendan viviendas vacías al sector público. En lugar de endurecer las medidas contra quienes mantienen viviendas deshabitadas, se les premia fiscalmente por venderlas. De esta manera, las instituciones vuelven a utilizar los recursos públicos para garantizar la rentabilidad del negocio inmobiliario.

ELA considera que las medidas dirigidas a limitar la acumulación de viviendas son insuficientes. La subida del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales cuando se acumulen 3 o más viviendas es insuficiente. Además, se sigue permitiendo que empresas, fondos de inversión y grandes propietarios acumulen viviendas con fines especulativos. Del mismo modo, el recargo del IBI sobre las viviendas turísticas queda limitado a determinadas zonas y su aplicación dependerá de la voluntad de los ayuntamientos.

El sindicato denuncia que el acuerdo no aborda el problema de fondo: la vivienda sigue siendo tratada como un negocio y no como un derecho. Llevamos años con políticas de incentivos fiscales a propietarios y no han conseguido garantizar el acceso a una vivienda asequible y, sin embargo, PNV y PSE insisten en profundizar en ese mismo modelo.

ELA reclama a las diputaciones forales que utilicen sus competencias fiscales para combatir la especulación inmobiliaria, gravar de forma efectiva la acumulación de viviendas y eliminar los privilegios fiscales del negocio inmobiliario. Asimismo, exige a las instituciones un cambio radical de las políticas de vivienda, basado en la intervención de los precios, la movilización de viviendas vacías y la creación de un parque público suficiente de alquiler.