ELA denuncia que el decreto de vivienda aprobado por el Gobierno Vasco no da una solución real al problema
El Gobierno Vasco ha aprobado hoy el decreto de medidas urgentes que completará la ley de vivienda de diciembre. Esta medida supone cambios en varios ámbitos, pero no se prevén novedades respecto a las medidas adoptadas por gobiernos anteriores.
Para ELA, el Gobierno Vasco ha querido presentar las medidas como un "escudo social", pero ese discurso es falso. El "escudo social" se utiliza para hacer frente a problemas generados por terceros, mientras que en este caso se está utilizando para tapar los efectos de años de inacción en las políticas de vivienda durante años.
Empadronamiento mínimo de 3 años para inscribirse en Etxebide
El decreto endurece los requisitos para inscribirse en Etxebide: hasta ahora bastaba con un año de empadronamiento, pero ahora para inscribirse serán necesarios 3 años. Esta medida expulsa directamente a los colectivos más vulnerables, especialmente a las personas migrantes o en situación precaria, que muchas veces no pueden elegir dónde vivir.
Según ELA, el verdadero objetivo de la medida no es dar respuesta al problema de vivienda, sino reducir artificialmente la lista de más de 100.000 inscritos en Etxebide. El principal problema, sin embargo, no es la gran demanda, sino la escasa oferta de vivienda pública.
Se consolida el modelo de subvenciones en beneficio de los propietarios privados
El decreto amplía las condiciones de las subvenciones dirigidas a los jóvenes (programa Gaztelagun), pero ELA vuelve a advertir de la ineficacia de estas políticas. Con las subvenciones a los jóvenes, se produce una transferencia de dinero público que va a manos de los propietarios privados de vivienda. Además, este tipo de medidas suponen un incremento de los precios de los alquileres.
Lo que realmente necesitan los jóvenes son viviendas de alquiler público asequibles y no subvenciones para entrar en el mercado libre.
Bizigune: El carácter social está desapareciendo
Aunque el programa Bizigune puede resultar positivo, porque puede servir para movilizar viviendas vacías, las medidas que propone el decreto pueden cambiar el carácter social del programa.
Un incremento significativo del límite de ingresos (por encima de los 46.000 euros) amplía el programa a la "clase media" (según las palabras de Denis Itxaso), con lo que se difumina el objetivo inicial de dar solución a los colectivos vulnerables. Además, en algunos casos se puede llegar a pagar alquileres superiores a 1.100 euros sin ningún límite real.
Es más, es evidente que a lo largo de los años el uso del programa no ha sido efectivo, muchos propietarios no han entrado en el programa hasta el momento, aunque mejoran la partida económica y las condiciones que reciben a cambio.
Zonas tensionadas: efectos muy limitados
Junto al decreto se han hecho públicos hoy los índices de precios que establecen los límites de precios de alquiler en las zonas tensionadas. El propio Gobierno Vasco reconoce que la medida sólo afectará al 10% del mercado de alquiler, por lo que su impacto será muy limitado.
Para ELA, además, las administraciones públicas vascas han puesto trabas en el desarrollo de los ámbitos de zonas tensionadas y la falta de voluntad política se ha puesto de manifiesto a la hora de establecer medidas eficaces. Por ejemplo, las Diputaciones vascas han enviado la información necesaria muy tarde. Y además, el Gobierno Vasco ha dejado en manos de los ayuntamientos la declaración de zona tensionada (en Navarra, por ejemplo, el Gobierno de Navarra declaró directamente 21 municipios). Es decir, el Gobierno Vasco no ha tenido voluntad de sacar esto adelante.
ELA considera que el decreto supone una política continuista y excluyente: por un lado, excluye de la vivienda pública a las personas más vulnerables; por otro, refuerza un modelo basado en las subvenciones, sin dar un impulso real a la creación de viviendas de alquiler público; además, las medidas para las zonas tensionadas son muy limitadas, a lo que se añade la evidente subfinanciación que se mantiene en los presupuestos.
Ante esta situación, ELA reivindica que para revertir la situación es necesario abordar el problema de la vivienda en su conjunto. Para ello es necesario garantizar el derecho subjetivo a la vivienda, dotando a quien lo necesite de una vivienda y acabar con la alternativa de las prestaciones; que todas las viviendas de protección oficial que se construyan sean de alquiler; que aumente el gasto público destinado a vivienda, asignando de forma sostenible al menos un 2% del PIB; que se declare zona tensionada, sin excepción, toda la CAPV y se determine aquí el índice máximo de alquiler; que se movilicen las 45.000 viviendas vacías existentes y se destinen al alquiler; que se den pasos hacia un modelo público de construcción de vivienda; y que se limiten y controlen las viviendas turísticas y los alquileres temporales.