679,2 millones de superávit del Gobierno Vasco y de las Diputaciones Forales de la CAPV en 2018
Como consecuencia de esta decisión, los incrementos presupuestarios aprobados cada año son exiguos, ya que tienen que respetar varios límites máximos, entre ellos el de la denominada regla de gasto, que, por ejemplo, establece que en 2019 los presupuestos de todas las instituciones no podían aumentar más del 2,7% en términos nominales. Es lo que acordaron en su día con Rajoy, y es la misma cifra que se ha mantenido con el gobierno de Pedro Sánchez. Estas políticas restrictivas llevan a dejar sin cubrir importantes y crecientes necesidades sociales.
Aceptar la regla de gasto conlleva también renunciar a poder destinar más dinero a cubrir esas necesidades sociales incluso en el caso de que la recaudación crezca más.
Eso es lo que viene ocurriendo en los últimos años. Según las Estadísticas de Ejecución Presupuestaria elaboradas por el Gobierno Vasco, en 2018 el superávit consolidado del Gobierno Vasco y de las Diputaciones Forales fue de 679 millones de euros, un 32,8% más que los 511 millones de superávit de 2017.
Y el superávit de 2018 podría haber sido bastante mayor aún si no fuese porque las instituciones vascas están decidiendo amortizar cada vez más deuda. En 2018 amortizaron 580 millones de euros más que en 2017. Se ve que para eso sí hay dinero. No hacen el mismo esfuerzo para los temas sociales, como se constata en el caso del departamento de Educación (los recursos destinados en 2018 fueron de 2.798 millones de euros, solo 10 más que en 2017).
Esta política presupuestaria solo tiene una lógica: el destrozo de los servicios públicos, la opción por los recortes permanentes en las prestaciones sociales y favorecer el negocio con las necesidades de la gente.
En la Unión Europea se oyen voces (pocas) que plantean la necesidad de revisar las leyes de estabilidad presupuestaria. En realidad lo que habría que hacer es romper con ellas, y llevar a cabo una política presupuestaria propia, aumentando notablemente los recursos destinados a la protección social y un incremento importante también de la recaudación (vía lucha contra el fraude fiscal y aumentando los impuestos a las rentas altas, a las empresas y al capital).
En este debate Urkullu, Rementeria, Olano y González se posicionan con quienes defienden seguir con la política presupuestaria de la ortodoxia neoliberal. Lo llaman buena gestión, pero tener 679 millones de superávit cuando existen necesidades tan importantes sin cubrir (o cubiertas de manera muy insuficiente) en cuestiones como la sanidad, los servicios sociales, la vivienda , la educación o las prestaciones sociales no es buena gestión, es una vergüenza que deja en evidencia la falta de voluntad política de atajar esos déficits sociales.