Argentina, FMI y deuda, la historia se repite

Antes de entrar en los detalles del acuerdo contraído por el gobierno de Argentina y el FMI, es necesario analizar el organismo que lidera Christine Lagarde y hacer un breve resumen del pasado cercano del país latinoamericano. 

Maria Elena Saludas, responsable de ATTAC Argentina, recuerda que el Fondo Monetario Internacional fue creado en 1944, en el marco de los Acuerdos de Bretton Woods. Surge como un instrumento de organización del sistema mundial bajo la hegemonía estadounidense, por lo tanto, no es neutral. Es profundamente antidemocrático, ya que los países más ricos disponen de más de la mitad de los votos en el seno del Consejo de Administración. De hecho, podemos señalar también que es un instrumento de las grandes potencias utilizado para vigilar el mantenimiento del sistema capitalista y de los intereses de las grandes empresas transnacionales. Desde el inicio tuvo una lógica injerencista, prueba de ello es la imposición de programas de “ajuste estructural” en todos los países en crisis que han recurrido a su “ayuda”. 

La relación entre Argentina y el FMI no es nueva. El país sufrió una grave crisis a finales del siglo pasado. La deuda externa crecía, y el gobierno pactó con el FMI dos operaciones de endeudamiento y refinanciación, conocidos como el Blindaje y el Megacanje. En enero de 2001, recibiría un crédito por 40.000 millones de dólares y en septiembre, serían 8.000 millones. Esa “ayuda” fue en balde y debido a la masiva fuga de capitales y el rechazo del FMI de conceder un rescate, la situación llegó a un punto insostenible.

En diciembre de 2001 la crisis llevó a la restricción de la libre disposición de dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorros, que fue denominado popularmente como El corralito. El mismo mes, el gobierno de Adolfo Rodriguez Saa, declaró el default, suspensión de pagos de la deuda y sus intereses (la deuda ascendía ya a 144.000 millones de dólares). El Gobierno de Néstor Kirchner acordó con la mayoría de los acreedores una reestructuración de la deuda con una quita de alrededor del 70%. Una minoría que se habia hecho con los bonos a precio de saldo, compuesta por fondos buitres, no aceptó la misma, llevando a tribunales de Estados Unidos al gobierno de Argrentina. Una vez que Macri llegó al gobierno hizo un acuerdo con esos fondos buitres, con un costo financiero enorme para las arcas públicas. 

Argentina, con el gobierno de Macri al mando, se encuentra en una deriva constante. A continuación analizaremos el porque de la llamada de auxilio de Macri al FMI:

• La especulación financiera, generó una burbuja financiera sobre las altas tasas de interés de las Lebac (títulos de deuda a corto plazo que licita el Banco Central de la República Argentina).

• El déficit comercial alcanzó un record histórico por el aumento de las importaciones y del estancamiento de las exportaciones.

• Además, el peso de la deuda externa pública se acrecenta sin descanso desde 2015. Ese año fue del 15,8% del PIB, se espera que supere el 35% en 2018.

• El Banco Central de Argentina perdió 10.000 millones sin lograr estabilizar el tipo de cambio, que se devaluó 23% entre el 19 de abril y 15 de mayo. Llegando el dolar a al rededor de 28 pesos. La corrida bancaria (es un fenómeno social que ocurre cuando una gran cantidad de clientes de un banco, realizan, en un corto espacio de tiempo, una retirada masiva de sus depósitos bancarios, por temor a quedarse sin poder sacar todo su dinero en el futuro) que comenzó a finales de abril y conllevo una depreciación de la moneda de casi el 35% en lo que va de año.

• Tras los altos costos que generó la corrida bancaria, se incremento el déficit fiscal.

• En los primeros meses de 2018 se advierten caídas en el poder adquisitivo de los salarios promedio. Con la aceleración inflacionaria, que se estima que llegará al 30%, el salario real alcanzaría una perdida significativa.

Por lo tanto Macri con sus políticas neoliberales ha llevado al país a una situación insostenible, llena de desequilibrios macroeconómicos. El préstamo del FMI era una de las bazas que le quedaba para seguir favoreciendo a la clase dominante.

El programa de crédito, comprende un préstamo de 50.000 millones de dolares, de los cuales 15.000 estarán disponible de inmediato. Los restantes 35.000 estarán a disposición en los próximos tres años si cumplen el programa económico que se comprometió a aplicar. La Carta de Intención que fue dirigida a Lagarde por el ministro de Hacienda no hace más que ahondar en el ajuste fiscal y monetario, abriendo así una fase aún mas recesiva que la anterior y empeorando la situación de la mayoría de la población. Dicha Carta comprende algunos de los siguientes puntos:

• Reducción del empleo público. Según fuentes de Centro de Economía Política de Argentina (CEPA), 30.000 empleados públicos serán despedidos en 2018 y 2019.

• Se pospondrán proyectos de obra pública que no sean "esenciales para dinamizar la competitividad".

• Se extenderá el período de implementación de las modificaciones para reducir los "impuestos distorsivos"

• Reducción de las "transferencias discrecionales" a las provincias asociadas a gastos.

• Continuaran avanzando en la reducción de los subsidios a la energía y el transporte. 56.000 y 30.000 millones de dolares, respectivamente.

• Reducirán el gasto en compras de bienes y servicios por parte del gobierno nacional un 15 por ciento en términos reales durante 2018 en relación a 2017 y continuaran con este proceso en 2019.

Estas medidas son solo algunas de los que pretende imponer el gobierno derechista de Macri. Como se puede observar, las medidas se tratan de recortes. El CEPA estima que habrá grandes recortes sociales, los salarios se reducirán en 78.000 millones de dolares, las pensiones en 50.000 millones, las asignaciones sociales y AUH en 30.000 millones y los programas sociales en 30.000 millones. Además de los recortes sociales, habrá otros en 2019. Entre ellos están la obra pública, que se reducirá en 30.000 millones, las universidades en 20.000 millones, la educación en 15.000 millones, y la salud en 2.000 millones. 

En definitiva, la historia se repite, ya que se trata de un ajuste fiscal más severo que el anterior, ajuste que profundizará las políticas neoliberales en Argentina. Una vez más sometiendo a la sociedad a unas condiciones paupérrimas y dando pie a una mayor pérdida de soberanía.