Casi 100 economistas solicitan al BCE anular la deuda pública que tiene con los países de la UE
Casi 100 economistas de renombre han solicitado al BCE la anulación de la deuda pública que los países de la Unión Europea tienen con dicho organismo. Y es que el 25% de la deuda pública de la zona euro está en sus manos. Entre los y las firmantes del manifiesto se encuentran economistas de renombre como Thomas Piketty, Eric Toussaint, Juan Torres, e incluso miembros del PSOE o Unidas Podemos como Cristina Narbona o el secretario de Economía del gobierno del estado Nacho Álvarez.
La respuesta dada por Europa para hacer frente a la crisis social, económica y cultural provocada por el covid19 ha sido insuficiente, dotando únicamente 300.000 millones de euros en subvenciones frente a los 2 billones que solicitaba el Parlamento Europeo. La condonación de parte de la deuda pública no es un hecho menor y existen antecedentes en los que en momentos extraordinarios de la historia se ha utilizado y ha permitido volver a la prosperidad económica, como es el caso de Alemania en el año 1953, donde se le condonaron dos tercios de su deuda pública. Nos encontramos en un momento extraordinario en el que convendría optar por la misma solución.
La propuesta es clara: se puede hacer un contrato entre los Estados miembros de la UE y el BCE, donde el banco se comprometa a condonar las deudas o transformarlas en deudas perpetuas (que no se tengan que devolver nunca), mientras que los estados se comprometan a invertir las mismas cantidades en la reconstrucción ecológica y social real. El BCE se lo puede permitir y la legislación europea tampoco prohíbe explícitamente la anulación de la deuda. Es una cuestión de voluntad política, ya que muchas de las dificultades jurídicas que se dan a nivel europeo se han superado con acuerdos políticos.
Si esto ocurriera, no sería el BCE quien debería decidir en que invertir el dinero condonado, sino que esa responsabilidad debería recaer en los propios gobiernos, para que ellos determinen cómo abordar la cuestión ecológica y social. Además de esta propuesta, exigen otro tipo de medidas en materia de reforma de los criterios de deuda y déficit, de proteccionismo ecológico y solidario o de reformas fiscales destinadas a reducir el nivel de desigualdad. También se exige una nueva gobernanza europea, sobre todo en materia fiscal, ya que en estos momentos para cualquier reforma en esta materia es necesaria la unanimidad de los estados, dificultando así que se den cambios importantes.
Estas propuestas se han encontrado con una respuesta rápida y contundente por parte del BCE y de los defensores del status quo neoliberal. Lo han considerado legalmente imposible y contraproducente. Según el BCE el artículo 123 del Tratado de la UE le prohíbe financiar directamente al presupuesto de los estados, y la cancelación de la deuda sería justamente eso. También argumenta que la condonación de la deuda implicaría un daño a la reputación y credibilidad del banco.
Desde ELA hemos criticado en reiteradas ocasiones el sinsentido que supone el artículo 123 del Tratado de la UE, ya que, además de no permitir cancelar las deudas de los estados miembros, tampoco permite financiar a los países de forma directa en momentos de crisis, teniendo siempre que poner el dinero en manos de los bancos para que luego sean éstos los que financien a los países a un interés superior. Además, siempre hemos apoyado propuestas de renegociación o de cancelación de la deuda pública, sobre todo cuando esta sea ilegítima, ya que el gasto destinado al pago de la deuda pública tiene consecuencias directas en el recorte del gasto social.