El anteproyecto de RGI consolida los recortes e incorpora más retrocesos respecto a la Ley de 2008

27/07/2021
En muchas prestaciones se mantienen cuantías inferiores en 200 y 300 euros por perso- na respecto a lo aprobado hace ya 13 años en el Parlamento Vasco

La Consejería de Empleo y Trabajo del Gobierno Vasco, bajo responsabilidad política del PSE, ha presentado un anteproyecto para reformar la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), que ahora deberá debatirse en el seno del Gobierno Vasco, antes de iniciar el trámite parlamentario. De entrada, esta propuesta consolida los recortes que ya están en vigor y aún incorpora más retrocesos respecto a la Ley que se aprobó en el Parlamento Vasco en 2008. Es decir, las prestaciones por RGI seguirán estando, de este modo, por debajo de lo legislado hace ya 13 años. Hay que añadir que este anteproyecto no contempla ninguno de los extremos reclamados en la ILP impulsada por la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, avalada por 51.000 firmas y cuyo debate fue rechazado en trámite parlamentario.

La Ley 18/2008 fijó las cuantías respecto al SMI (88% para personas solas, 113% para unidades de dos personas y 125% para tres, y el 100% para pensionistas). Si hoy se aplicara esta Ley los ingresos para una persona serían de 975 euros (en doce mensualidades). En el caso de personas pensionistas las RGI sería de 1.108 euros. El Gobierno Vasco viene aplicando recortes desde 2012. Así, la RGI en 2021 es, para una persona sola, de 706 euros mensuales (249 euros menos que con la Ley de 2008), y para una pensionista, de 810 euros (292 euros menos). Con el nuevo anteproyecto, la RGI ordinaria quedaría igual (705 euros frente a los 706 actuales), con un incremento para las personas pensionistas (pasarían de los 810 euros actuales a 893). En todo caso, las cuantías son muy inferiores a lo que corresponden con la Ley de 2008.

Además, el anteproyecto sigue manteniendo la edad mínima para acceder al RGI en 23 años, y propone 2 años mínimo de empadronamiento si hay menores (3 años en los demás casos), lo que supone un recorte respecto a 2008 (un año). Además, desaparece la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) y, en general, se mantiene el control y la criminalización de las personas perceptoras (de nuevo con técnicas biométricas y de inteligencia artificial), así como la actuación de inspectores de Lanbide como agentes de la autoridad.

Informe en .pdf