El debate sobre el proyecto de la Torre Bizkaia llega a las Juntas Generales de Bizkaia.
Aunque los acuerdos de comercio internacional no estén en la agenda actualmente, la Torre Bizkaia supone una profundización en la lógica de internacionalización empresarial. En definitiva, una apuesta decidida por pugnar por mercados internacionales devaluando los derechos de las trabajadoras vizcaínas y poniendo en el centro los beneficios de unos pocos.
Según las palabras del Diputado General de Bizkaia, el señor Unai Rementeria el pasado de 28 de septiembre, “Un buen día alguien plantó la semilla de las grandes empresas de hoy, de Iberdrola, Petronor, Euskaltel, CIE, Gestamp... Espero que esa torre prepare las semillas de las grandes empresas del futuro”. Efectivamente, las semillas que nos han llevado a la flor marchita que tenemos hoy. La transferencia de recursos públicos a manos privadas sin control alguno y en beneficio de unos pocos es un clásico del Gobierno Vasco y de la Diputación de Bizkaia.
¿Este es el modelo a seguir de la Torre Bizkaia? ¿Estas son las lecciones que se han extraído desde la Diputación de Bizkaia? La pandemia ha dejado entrever que el modelo de desarrollo actual centrado en la salvaje competencia internacional es insostenible y no responde a los intereses de la clase trabajadora. Se repite una y otra vez el mismo mantra: crecer económicamente a cualquier precio porque eso va a provocar un efecto de arrastre en el bienestar del conjunto de la población. A cualquier precio no es una frase abstracta; a cualquier precio significa rebajas fiscales, precariedad laboral o la torticera utilización del dinero público.
El nuevo relato verde y digital viste el viejo modelo. El crecimiento de la economía, de por sí, no redunda en beneficio del conjunto de las trabajadoras y menos aún en un contexto de colapso ecológico. Si nos atenemos a los datos podemos observar como desde el 2014 hasta el inicio de la pandemia el PIB aumentó un 3-4% de media en la CAV, pero las rentas de trabajo disminuyeron en comparación con las rentas del capital. No solo esto, sino que si nos atenemos a la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales del 2018 publicada por el Gobierno Vasco, podemos ver incluso como la pobreza subió durante ese periodo. El riesgo de pobreza ha aumentado un 14% desde 2016 y un 41,4% desde 2008. El riesgo de ausencia de bienestar también crece, un 22,9% en los últimos dos años y un 37,4% en una década. En 2018 eran 130.965 las personas en situación de pobreza grave, un 6,1% suponiendo un 6,9 % más sobre 2016 y un 46% más sobre 2008. Si esta dinámica era alarmante antes de la pandemia, el COVID19 ha acelerado la urgencia por cambiar de modelo de desarrollo y tejido productivo. La destrucción de empleo, el aumento de la precariedad y el aumento de las tasas de pobreza y desigualdades se ha acelerado de manera exponencial.
Más allá del modelo de desarrollo y el contexto económico, el proceso de la Torre Bizkaia muestra las costuras y opacidades del modelo de gobernanza de las instituciones actuales.
Cabe recordar el proceso dado con la Torre Bizkaia. En primer lugar, recordar que la propiedad del edificio es del fondo de inversión Angelo Gordon. El proceso de adjudicación ha mostrado el verdadero sentido de este proyecto. En un primer momento, en enero del año pasado quedó desierto, dejando en evidencia la falta de justificación y de criterio a la hora de acometer una apuesta de tal envergadura. La nueva licitación abierta en junio amplía la cuantía de su contratación hasta los 26,5 millones de euros, un 40% más que la primera licitación. Este segundo proceso de adjudicación dio como resultado la elección de PWC, Price Waterhouse Coopers, una de las consultoras más grandes del mundo. No está de más recordar que esta entidad está dirigida por Asier Atutxa, persona íntimamente ligada con el PNV. Y tampoco está de más señalar que en julio del 2019, el director de Hacienda de Bizkaia, Aitor Soloeta, abandonó su cargo para fichar por PWC o que la coordinadora de la mesa de contratación y directora de BEAZ, Eneritz Argatxa, trabajó de 2007 a 2014 en PWC. Y para acabar, como guinda del pastel, supimos la semana pasada que Jordán Guardo, cargo de confianza del alcalde de Bilbao, dejó su puesto para fichar la multinacional antes mencionada.
Supongo que se referirán a esto cuando hablan de colaboración público y privada.
El 18 de marzo del año pasado, unos pocos días después de declararse la pandemia, las Juntas Generales de la Diputación de Bizkaia aprobaban una Norma Foral que modifica los tipos impositivos del IRPF para las rentas irregulares. La exención fiscal permite, en la práctica, que los rendimientos obtenidos por la gestión de fondos de inversión de carácter especulativo, los llamados fondos buitre, solo tributen por la mitad de su importe. La otra mitad está exenta de pagar impuestos.
La cuestión no es desechar cualquier proyecto internacional; no estamos hablando de eso. Abogamos por relocalizar la economía, impulsar de verdad el tejido productivo local de este país, poner en el centro las necesidades sociales de la mayoría y establecer una alianza público-comunitaria que tenga como objetivo un futuro sostenible para la economía de Bizkaia. Solo sobre esta sólida base se pueden construir y establecer canales que tengan una mirada sobre la dimensión internacional.