El programa Berpiztu del Gobierno Vasco, mera propaganda

El pasado 29 de septiembre el lehendakari Urkullu junto a Idoia Mendia y Arantza Tapia presentaron el programa Berpiztu “para la reactivación económica y el empleo de la CAPV”. El plan presentado carece de concreción real ya que el Gobierno no se ha molestado siquiera en detallar las partidas concretas de este programa. Además, señala que va a ser un plan abierto a aportaciones de otras instituciones, lo cual no es óbice para que se diga ya que va a constar de 10.000 millones de euros, cifra redonda, que aparenta ser alta pero que no es más que la estrapolación del presupuesto que ya se destina actualmente en los programas del Gobierno, por lo que no incorpora incremento presupuestario real.

Tan solo se ha hecho público una presentación en power point. Según la misma, el plan consta de dos ejes de actuación: la reactivación económica y la creación de empleo. Dichos ejes estarán alineados con los fondos europeos Next Generation EU (el de la reactivación económica con el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia, y el de la creación de empleo con el programa REACT-EU).

El Gobierno estima que en el primer eje se van a presupuestar 7.935 millones de euros, de los cuales casi 3.000 millones se destinarán a las nuevas infraestrucutras públicas económicas y sociales y 2.500 a investigación, innovación y transformación digital.

• En este apartado no se concreta absolutamente nada, ni de dónde salen esas partidas ni a qué se piensan dedicar. Sin embargo, tenemos la experiencia de la manera de actuar del Gobierno Vasco, que tiene como enseña la colaboración público-privada, o lo que se traduce en dar dinero público a empresas privadas, sin control alguno, y con un beneficio para las grandes corporaciones.

En el segundo eje, el Gobierno Vasco habla de una inversión de 1.615 millones de euros y de “incentivar” 135.000 puestos de trabajo. No obstante, son cifras que detrás de la propaganda esconden las políticas de empleo continuistas que han propiciado la precariedad existente en el mercado laboral.

• En primer lugar, es necesario señalar la trampa que tiene la denominación del segundo eje “creación de empleo”. La realidad es que la cifra total hace referencia a los empleos “incentivados”. El Gobierno utiliza esta palabra ambigua, que no se sabe bien a qué se refiere, para trasladar a la sociedad el falso mensaje de que se van a crear esos empleos gracias a su plan. Que no es así queda claro con el desglose que presenta, en el que se señala que de la cifra total mencionada, 41.150 de esos empleos “incentivados” se deben al número de trabajadoras y trabajadores que van hacer cursos de formación para el empleo. Es evidente que la formación no supone creación de empleo y tampoco está constatado que una parte importante de las personas en paro que acuden a estas formaciones realmente consigan después empleo.

• Otros 10.480 empleos “incentivados” corresponden a las plazas que estima saldrán a ofertas públicas de empleo en los cuatro años y medio de vigencia del programa Berpiztu (es decir, cada año se ofertarán tan solo 2.600 empleos públicos). Que salgan plazas a OPE no quiere decir que sean nuevas plazas. Es más, siendo conocedores de la realidad y las necesidades actuales (alto porcentaje de eventuales, falta de empleados en sanidad y educación, jubilaciones, etc) es una oferta irrisoria que no consolida ni de lejos el empleo temporal en el sector público y ahonda en los recortes realizados hasta la fecha.

   

En conclusión, se trata de un programa continuista, que no cambia un ápice el plan 2017-2020, que recogía partidas con el mismo nombre que ahora, presentadas como novedosas pero lo único que se han molestado en realizar ha sido una multiplicación por cuatro del gasto anual. Lo que no les ha faltado es el nuevo discurso sin contenido práctico alguno pero con palabrería políticamente correcta (economía circular, igualdad de género, nuevos modelos de cuidados, disminución de la precariedad y un largo etc.).

Desde ELA, reiteramos que es necesario romper con esta política propagandística del Gobierno, en la que las mismas partidas se publicitan de manera reiterada, al ser recogidas en planes distintos, pero sin aumentar los presupuestos, e incluso recortando dichos programas presupuestarios. En realidad hace falta un cambio radical de las políticas, con un fuerte incremento presupuestario, destinado a políticas que expandan los servicios públicos y los derechos sociales, que supongan la creación de empleo de calidad y que luchen contra la precariedad. Para ello es imprescindible abordar un fuerte incremento de la recaudación, a través de la lucha contra el fraude fiscal y el aumento de impuestos a las rentas altas, a los beneficios empresariales y al capital.