ELA denuncia la aprobación de la proposición de Ley para la garantía de ingresos y para la inclusión presentada por el PNV y PSE

Después de año y medio de idas y venidas, el pasado jueves se admitió a trámite en el Pleno del Parlamento Vasco la proposición de Ley para la garantía de ingresos y para la inclusión. Una ley que tiene como objetivo más y nuevos recortes de las prestaciones y criminalizar más si cabe, a las personas perceptoras.

Los contenidos de la misma son mas que preocupantes, citamos algunos:

• Se implanta una única RGI por vivienda, al margen del número de unidades convivenciales existentes en la misma.

• Las cuantías*: Se elimina la referencia del SMI y además se consolidan los recortes aprobados en las sucesivas leyes de presupuestos. Aunque se proponen ligerísimos incrementos estos quedan muy lejos de los que deberían abonarse según la Ley de 2008.

• Se establece el indicador de gastos mínimos comunes en Euskadi. Se define como el valor estimado de los gastos mínimos a los que se enfrentaría una sola persona para atender a las necesidades básicas comunes asociadas al mantenimiento de una vivienda. La Ley lo cuantifica en 455€ y dice que se fijará anualmente en la Ley de Presupuestos.

• Esto supone que de acuerdo con unos coeficientes de implicación activa, la cuantía de la RGI puede verse reducida hasta los 455€ atendiendo a criterios subjetivos de valoración.

• La proposición de Ley se ha llevado a cabo sin la elaboración de un informe preceptivo de impacto de género, de ahí que se hable de conceptos como “maltrato en el ámbito familiar” y no de violencia machista. Este aspecto es importantísimo teniendo en cuenta que en gran medida las perceptoras de la RGI son mujeres.

• Las medidas de control y seguimiento a las personas perceptoras y el régimen disciplinario y sancionador se confirman en su grado de gravedad.

Y respecto a las formas, debemos denunciar que esta proposición de Ley la presentaron el PNV y el PSE con la total intención de neutralizar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra la pobreza y la exclusión social presentada por la Carta de derechos sociales de Euskal Herria que planteaba entre otras medidas, una mejora de la cuantía de la RGI (100% del SMI para una persona sola, y un 50% más por cada persona adicional de la unidad de convivencia), dar marcha atrás en los recortes aprobados (como volver a un año de empadronamiento) y facilitar el acceso a colectivos hoy excluidos (como fijar la edad en 18 años). Aunque la ILP fue avalada por más de 51.000 personas, ni siquiera se admitió a trámite, debido precisamente al voto de PNV, PSE Y PP.

Nos reafirmamos en nuestro planteamiento de que tener un sistema de prestaciones sociales adecuado es un elemento esencial para la cohesión social. Este sistema de prestaciones debería ser uno de los pilares del compromiso colectivo con los sectores mas desfavorecidos de la sociedad, cada vez más amplios.

CUANTÍA de la RGI (*)

(*) La RGI, a lo largo del año, se percibe en 12 pagas. El salario mínimo mensual es de 900 euros, pero se tienen que percibir 14 pagas.

La proposición de Ley del PNV y PSE es una propuesta para recortar la cuantía de la RGI:

1. Supone un grave retroceso sobre la Ley de 2008.

2. Pretende consolidar los recortes que se aplican hoy en día.

3. Permite al Gobierno (y a Lanbide) aplicar nuevos recortes en el futuro.