ELA exige la retirada de la proposición de ley de recorte de la RGI

Landaluze ha afirmado que la propuesta supone consolidar los recortes que ya se aplican en la cuantía de la RGI. La Ley de 2008 establece que la RGI se debe fijar en función del Salario Mínimo (SMI), por lo que tendría que estar en 924 euros al mes. Sin embargo, en la actualidad es de tan solo 667,05 euros. La proposición de Ley establece una cuantía fija, de 659,75 euros, eliminando la referencia al SMI.

Landaluze ha recordado que, además, la proposición incorpora nuevos recortes, como la limitación de percibir una RGI por vivienda, con independencia del número de unidades convivenciales que la conformen.

Por su parte, Noval ha denunciado que la proposición de ley establece toda una serie de medidas y coeficientes reductores de la prestación, que tienen como único objetivo dejar sin prestación o limitar aún más su cuantía, al mayor número de personas posibles. Se trata, sin duda, de avanzar en la criminalización y estigmatización de las personas y colectivos que se encuentran en peor situación económica en nuestra sociedad.

Para ELA esta proposición de Ley es irreformable, ya que presenta una lógica enmarcada en las políticas de recortes que se vienen aplicando en los últimos años, y que han contribuido al aumento de la pobreza que estamos sufriendo en la CAPV en los últimos años, a pesar de ser años de fuerte crecimiento económico, como ha puesto de manifiesto la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales del Gobierno Vasco.

Por todo ello, Landaluze y Noval han exigido la retirada de la proposición de Ley y que se tome en consideración en contenido de la Iniciativa Legislativa Popular presentada por la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, que proponía una clara mejora de las prestaciones sociales y garantizar el derecho a acceder a una vivienda de alquiler social.