ELA exige que las diputaciones aumenten los impuestos sobre los beneficios sobre las empresas energéticas

Entre las medidas acordadas se encuentran el aplazamiento sin intereses en el pago de impuestos, la exención de los pagos fraccionados en el IRPF de las personas que realizan actividades económicas, el incremento del forfait de compensación de gastos energéticos para autónomos y micro-empresas y subvenciones directas al sector agro-ganadero. Se estima que el impacto económico de estas medidas sea cercano a 165 millones de euros, 120 millones por el aplazamiento en el pago de impuestos y 40 millones por reducción de impuestos.
Estas medidas son para hacer frente, dicen, a la crisis de la guerra de Ucrania. Sin embargo, muchos de estos problemas ya existían previamente a la guerra. Además, como ya ocurriera con las medidas adoptadas por las diputaciones durante la pandemia, únicamente van dirigidas a las empresas. No se plantean medidas para el conjunto de la clase trabajadora, que también está sufriendo las consecuencias de esta situación.
Los diputados generales han comentado que van a “utilizar su principal competencia, la fiscalidad”. Sin embargo, el propio Unai Rementería ha señalado que en esta época de incertidumbre no es el momento de acometer ninguna reforma fiscal estructural. Cabe recordar que hace pocas semanas empresas como Iberdrola anunciaban que habían obtenido beneficios récord durante el año pasado.