ELA llama a movilizarse ante el empobrecimiento generalizado de la población y las pensiones

12/11/2019
ELA ha llamado a movilizarse ante “el empobrecimiento generalizado de la población”. Así lo ha definido el responsable del Gabinete de Estudios del sindicato, Mikel Noval, quien ha denunciado que en Hego Euskal Herria hay 682.321 personas pensionistas, el 24% de la población, recibiendo una pensión cada vez más baja. Son datos que recoge el informe elaborado por el gabinete sobre la situación de las pensiones en Hego Euskal Herria.

Tal y como recoge el mismo, en 2016, último año del que hay datos comparativos a nivel europeo, el total de las pensiones abonadas en Hego Euskal Herria ascendió a 10.039 millones de euros (8.223 millones en la CAPV y 1.816,2 millones en Navarra), según la Secretaría de Estado de la Seguridad Social. Esto supone que se destina al pago de las pensiones el 11,1% del PIB (9,4% en Navarra y 11,6% en la CAPV). "O dicho de otra forma, se destina solo el 11,1% de la riqueza para el 24,2% de la población y la parte de la riqueza que se destina a pagar pensiones está claramente por debajo de la media europea", ha resumido Janire Landaluze, miembro del Gabinete de Estudios. 

También ha denunciado que en los últimos años este colectivo ha perdido sistemáticamente poder adquisitivo, en especial, las mujeres. Y es que la pensión media de las mujeres en la CAPV es de 869 euros frente a 1.491 euros de los hombres. En Navarra la media se sitúa en los 813 euros frente a los 1.356 que reciben de los hombres.

Ante esta situación, ELA ha remarcado que es necesario abrir un debate real sobre el reparto de la riqueza, un debate en el que, tal y como ha subrayado el secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, tienen que implicarse el Gobierno vasco y navarro. "No pueden mirar hacia otro lado". Asegura Lakuntza que ambas instituciones tienen una responsabilidad directa a la hora de crear empleo de calidad, en vez de subcontratar, cada vez más, algo que repercute negativamente en las pensiones futuras. También les ha instado a complementar las pensiones hasta alcanzar los 1.080 euros y blindar el sistema de bienestar, ya que, como ha recordado, el %25 de las personas que se ven obligadas a cobrar la RGI son pensionistas. Ante esta situación, ELA ha subrayado la necesidad de tomar distintas medidas.

En primer lugar, abogan por rechazar el Pacto de Toledo y, en consecuencia, “todas las reformas y recortes que emanen del mismo y del mal llamado diálogo social”. ELA subraya que el empobrecimiento de las personas pensionistas tiene una clara responsabilidad política.

En segundo lugar, exigen dar marcha atrás en los recortes aprobados en 2011 y 2013: cuantía de las nuevas pensiones, retraso de la edad de jubilación, actualización de las pensiones, eliminación del factor de sostenibilidad...

En tercer lugar, han remarcado la necesidad de crear empleo de calidad y subir los salarios por encima del IPC. “Las reformas laborales y de negociación colectiva han aumentado el poder empresarial, favoreciendo la extensión de la precariedad. Los salarios miserables suponen bajas cotizaciones sociales”. Mikel Noval ha señalado a las administraciones públicas como directas responsables de esta situación. “Están contribuyendo de manera directa a que haya menos ingresos por cotizaciones a través de la pérdida de poder adquisitivo impuesta en el sector público y por la extensión de la subcontratación y de las licitaciones a la baja”.

En cuarto lugar, han hecho un llamamiento a aprobar los contenidos de la ILP contra la pobreza y la exclusión social presentada en el Parlamento Vasco y en el Parlamento de Navarra por la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, cuya tramitación fue rechazada en ambos Parlamentos.

ELA también ha propuesto fijar la pensión mínima en 1.080 euros, cifra que resulta de la aplicación de los criterios establecidos en la Carta Social Europea, que fijan un Salario Mínimo equivalente al menos al 60% del salario medio.

Aumentar el gasto en pensiones, reformando la política fiscal y persiguiendo el fraude es otra de las medidas urgentes que plantea el sindicato. No en vano, Noval ha afirmado que “estamos a la cola de la Unión Europea en presión fiscal (el diferencial respecto a la media europea es de 8.000 millones de € al año en HEH), y a la cabeza en fraude fiscal.

ELA aboga por potenciar el sistema público de pensiones y decidir el sistema en su conjunto en Euskal Herria. Mientras tanto, ha remarcado Noval, las instituciones de HEH deben complementar a todas las personas pensionistas lo equivalente a la pérdida de ingresos sufrida como consecuencia de las medidas adoptadas por el gobierno español y garantizando la pensión mínima de 1.080 euros.

Para conseguir estos objetivos ELA considera imprescindible la movilización social. Por ello,

llama a participar en las movilizaciones convocadas desde a Carta Social de Euskal Herria para los próximos meses, una agenda que culminará con una huelga general en la segunda quincena de enero de 2020. Entre esas movilizaciones se encuentran las que el movimiento de pensionistas ha convocado para el próximo 16 de noviembre en las cuatro capitales de Hego Euskal Herria.

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