POLÍTICA DE VIVIENDA

ELA propone declarar toda la CAPV y Navarra como zona tensionada para abaratar los alquileres

09/07/2024
El sindicato presenta propuestas como crear un índice de vivienda de alquiler en Euskal Herria, controlar el uso turístico y movilizar las 100.000 viviendas desocupadas. Las medidas actuales propician un trasvase de dinero público a las constructoras y los propietarios, que se lucran a costa de un derecho que debiera ser universal

INFORME SOBRE VIVIENDA

ELA ha presentado un informe que analiza el impacto de las zonas tensionadas en el precio de la vivienda de alquiler, y propone una serie de medidas al respecto. El estudio concluye que las escasas medidas políticas para limitar el precio de los alquileres “dejan muchísimas puertas abiertas para que el mercado siga campando a sus anchas, lucrándose a costa de un derecho que debiera ser universal”. En este sentido, ELA denuncia que estas medidas lo que de verdad están propiciando es “un trasvase de dinero público a las empresas constructoras y a la clase rentista”.

ELA ya consideró insuficiente la Ley estatal de Vivienda aprobada en 2023, porque no combatía la especulación inmobiliaria y sus medidas para abaratar los alquileres eran insuficientes. Además, deja en manos de las CCAA la definición de las zonas tensionadas, con el resultado de que el Gobierno Vasco recurrió la ley (lo que va en dirección contraria a la reivindicación de decidir aquí para tener más derechos y vivir mejor), y el Gobierno de Navarra se mueve muy lentamente (pese que la Ley Foral de 2022 ya contemplaba esa cuestión).

Los alquileres no paran de subir

Según el Observatorio Vasco de la Vivienda, el 81% de las personas que viven de alquiler lo hacen porque no pueden permitirse una vivienda o están de forma temporal hasta que puedan hacerlo. Además, el precio de los alquileres sigue encareciéndose en todo Hego Euskal Herria, tal y como se refleja en estos datos (gráfico pág. 7, vivienda de 80 m2): una media de 1.376 euros mensuales en Donostia, 1.136 en Bilbao, 912 en Gasteiz y 848 en Iruña.

Por otro lado, en la CAPV se registran 92.231 propietarios con viviendas en alquiler, cuyo perfil responde a personas de 60 años, con estudios superiores y de nacionalidad española, pero no son grandes tenedores en los términos que establece la Ley, que son claramente restrictivos. En el otro lado están las personas arrendatarias, con estudios primarios, 46 años de edad y la mitad, extranjeras.

El informe de ELA concluye que “el 72% de las personas inquilinas viven de alquiler porque no tiene dinero para comprar; la gente no prefiere vivir de alquiler, la gente no puede comprar una casa”. Y en ese punto destaca la situación de la juventud, que debe destinar al alquiler el 50% (56% en el caso de las mujeres) de sus ingresos.

Más de 6.700 pisos turísticos en la CAPV y Navarra

Las medidas que están adoptando los gobiernos no suponen ningún cambio de orientación: colaboración público-privada, ayudas a los arrendatarios, reducciones fiscales para propietarios… Toda una batería de propuestas que trasvasan dinero público hacia las constructoras y los rentistas. ELA también considera que las medidas a adoptar en las zonas tensionadas son insuficientes. Otra de las críticas que hace el sindicato es que la Ley renuncia a regular las viviendas turísticas, lo que está conllevando un aumento de las mismas, agravando el problema del acceso a la vivienda. De hecho, las viviendas turísticas en Hego Euskal Herria han aumentado un 30% desde 2022 (hay 5.140 en la CAPV y 1.583 en Navarra).

Las propuestas de ELA

El documento de ELA finaliza con una serie de propuestas, entre las que destacan:

  1. Declarar toda la CAPV y Navarra como zonas tensionadas, sin excepción.
  2. Aplicar la normativa a todas las viviendas de alquiler, no solo a las que están en manos de los denominados grandes tenedores (que en nuestro territorio son escasos).
  3. Crear un índice de alquiler de vivienda en Hego Euskal Herria (involucrando a los movimientos sociales que llevan años trabajando estas cuestiones).
  4. Garantizar el derecho subjetivo a la vivienda por ley; cambiar las actuales políticas de fomento inmobiliario (se diseñan con una lógica de mercado, no para el bien común), y eliminar los beneficios fiscales para la clase propietaria.
  5. Movilizar las 100.000 viviendas vacías para alquiler.
  6. Crear una empresa pública de construcción de vivienda.
  7. Limitación y control de las Viviendas de Uso Turístico.