ELA realizó sendas acciones relacionadas con la campaña de vivienda en Iruñea y Bilbao

07/07/2022
En Bilbao un teatro para denunciar que 350 personas duermen en la calle, a pesar de que hay 8.000 pisos vacíos, y en Iruñea un performance ya que hay 25.000 pisos vacíos y se producen más de 350 desahucios cada año.

ELA ha realizado diferentes actos en la calle para visibilizar la campaña puesta en marcha para reivindicar el derecho a la vivienda. Se denunció que tanto en las políticas como la legislación actual la vivienda no se concibe como un derecho fundamental y real, sino como un negocio que favorece la especulación. En los teatros de Bilbao se reflejaron diferentes situaciones en torno a las dificultades de acceso a una vivienda en Etxebide, el negocio de los alquileres turísticos, etc. La perfomance de Iruñea representó un campamento para visibilizar a las personas que no pueden acceder a una vivienda.


Tras la pandemia, ELA ha realizado un diagnóstico sobre la vivienda, cuyas conclusiones se presentaron al inicio de cada acto : en Bilbao 350 personas duermen en la calle a pesar de que hay 8.000 viviendas vacías. En Navarra hay más de 25.000 viviendas vacías y se producen más de 350 desahucios al año. La renta media de alquiler es superior a los 1.000 euros y el precio de la vivienda de compraventa es superior a los 3.000 euros por metro cuadrado.


Hasta 2008, la construcción masiva de viviendas y los abusos de entidades financieras que proporcionaban hipotecas habían reducido gravemente el acceso a la vivienda, un problema que se agrava cada vez más. Tras la crisis de 2008, los bancos han endurecido sus condiciones de financiación y, agravadas las dificultades de ahorro por la precariedad, mucha gente se ha quedado fuera de las posibilidades de compra de una casa. El colectivo que más está soportando estos altos precios es el de los jóvenes, la edad media de emancipación supera los 30 años.

Ante esta realidad, las propuestas de ELA incluyen garantizar por ley el derecho subjetivo a la vivienda, fomentar el alquiler frente al modelo de compraventa, limitar los precios del alquiler, obligar a destinar las viviendas vacías al alquiler, frenar los desahucios, limitar y controlar las viviendas turísticas, y elevar el gasto público en vivienda al 2% del PIB.