ELA se suma a la Iniciativa por una Ley que garantice el Derecho a la Vivienda

El mercado de la vivienda en alquiler se ha convertido en la panacea para el gran capital financiero. Los diversos factores existentes, así como la desregulación, las necesidades sociales, la imposibilidad del acceso a comprar una vivienda lo hacen posible. Un nicho de mercado relativamente nuevo que otorga grandes beneficios a las grandes corporaciones a costa de la miseria que crean a la clase trabajadora.

Durante los últimos años, se ha constatado una subida considerable de los precios de la vivienda en alquiler. Las cifras así lo confirman. La dinámica de los precios no se ajusta a las necesidades sociales sino a la oferta y a la demanda, y por tanto a la especulación del sector financiero, las grandes inmobiliarias y los fondos buitre. Una de las consecuencias directas del libre mercado es que 7 de cada 10 desahucios son por impago de alquiler. A eso hay que añadir que a dia de hoy muchos inquilinos e inquilinas destinan más del 40% de sus ingresos al pago de la vivienda.

La propuesta de ley del PSOE no solo no limita el precio del alquiler, sino que subvenciona con dinero público a los rentistas, incluso puede generarles un mayor beneficio a costa del erario público. Es un despropósito al servicio del sector inmobiliario, financiero y de los grandes propietarios.

En ese sentido, y ante la nueva propuesta de Abalos, distintas organizaciones sociales han unido fuerzas para lanzar una campaña estatal de movilización ciudadana y conseguir que la Ley por el Derecho a la Vivienda incluya, como mínimo, estas 8 medidas de aplicación directa en todo el territorio del Estado español:

1. La ley debe garantizar el derecho a una vivienda digna, asequible, accesible y adecuada como derecho subjetivo, garantizando que esta protección sea efectiva y evitando que ninguna persona sufra situación de sinhogarismo.
2. Stop desahucios de personas vulnerables sin alternativa de vivienda digna y adecuada, así como la obligación de alquiler social estable para los grandes tenedores; y en el resto de casos, realojo digno y adecuado a cargo de los poderes públicos.
3. Asegurar y ampliar el parque público de alquiler social, como mínimo al 20% del conjunto de viviendas en veinte años, haciendo frente a la emergencia habitacional de forma prioritaria.
4. Regulación estatal de alquileres a precios adecuados a los salarios de la población en cada zona del territorio. Modificación de la ley de arrendamientos urbanos para dar protección y estabilidad a los inquilinos del conjunto del país.
5. Garantizar los suministros básicos de agua, luz, gas y acceso a las telecomunicaciones, para evitar la brecha digital como parte de una vivienda digna.
6. Garantizar una segunda oportunidad efectiva para los hogares con deudas hipotecarias y desarrollar medidas contra el sobreendeudamiento y los abusos financieros e inmobiliarios.
7. Ampliación presupuestaria para vivienda social y políticas sociales de vivienda hasta llegar al promedio europeo de parque público, destinando, como mínimo, el 2% del presupuesto estatal.
8. Participación activa de la población en toda la política de vivienda y urbanismo.

ELA se posiciona en la defensa de los intereses de la clase trabajadora. A este respecto, viene planteando una serie de medidas estructurales para revertir la problemática de la vivienda. Es por eso que ELA se adhiere al manifesto y llama a la movilización por el derecho a la vivienda.