La denominada Mesa de Diálogo Social está vacía de contenido
El Gobierno no ha tenido interés en hablar con ELA. El Gobierno Vasco no ha tenido el más mínimo interés, ni antes ni después del borrador, cuya valoración remitimos al Gobierno Vasco, en compartir con nuestra organización nada respecto a este proyecto. En una sociedad democrática, no es normal que el Gobierno pretenda regular el diálogo social haciendo abstracción de la opinión de la organización sindical que ostenta una representatividad superior al 40%. No es normal, ni aceptable democráticamente.
El diálogo social está vacío de contenido. El decreto atribuye a la Mesa de Diálogo Social una serie de funciones carentes totalmente de contenido. La nula relevancia de dicha Mesa ha sido explicada con total claridad por parte de la Consejera Arantza Tapia en una entrevista publicada en Berria el 3 de febrero. En ella….. Asimismo, como dijimos en la valoración del borrador, a la hora enumerar los pretendidos logros del diálogo social que se ha desarrollado en los últimos años, y que ahora se trata de institucionalizar con este decreto, califica como hitos hechos que son completamente irrelevantes (mantener reuniones).
Además, sobre los acuerdos alcanzados, cita exclusivamente el del 22 de julio de 2016 (por el que el Gobierno apoyó las firmas en minoría en la negociación colectiva). ELA constata que los miembros que han participado en la Mesa de Diálogo Social son incapaces de explicar un solo acuerdo que haya aportado algo positivo. A ello se puede añadir, por ejemplo, el bloqueo que la patronal y el Gobierno Vasco ejercen para oponerse a eliminar la precariedad laboral.
El gobierno aplica políticas neoliberales, y lo hace de manera acordada con la patronal. El Gobierno Vasco ha decidido asumir la regla de gasto. Ello implica aceptar la prioridad del pago de la deuda y que cada vez se destine una parte menor de la riqueza a los servicios públicos (como la sanidad, educación o servicios sociales) y a la protección social. También ha aplicado de manera unilateral recortes de las prestaciones sociales (la cuantía de la RGI es de un 30% menor de lo que debería ser de aplicarse la ley aprobada en 2008). Ha utilizado la fiscalidad como le ha venido en gana (para los presupuestos de 2018 se podía acordar con el PP una rebaja del Impuesto sobre Sociedades; para los de 2019 la fiscalidad era tabú).
Es un ejecutivo que desprecia la voluntad popular y la democracia participativa (ha negado el derecho a debatir ILPs, como la elaborada por la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria contra la pobreza y la exclusión social, cuyas 51.000 firmas fueron echadas a la papelera en el pleno del 7 de febrero). Que a los pocos día de ese desprecio a la ciudadanía se constituya la Mesa de Diálogo Social debería sonrojar a los sindicatos que asistan, porque el Gobierno les utiliza para maquillar su política antisocial y su conducta antidemocrática.
El Decreto impone unas reglas de juego antidemocráticas, no respetando las mayorías en el ámbito sindical. Según el artículo 10, que regula la adopción de acuerdos, “con carácter general, los acuerdos y decisiones de la Mesa se adoptarán por unanimidad de las partes que la integran”. Sin embargo, una vez dicho eso, se dice que “ello, no obstante, cuando una propuesta de acuerdo cuente con la conformidad de los representantes del Gobierno de la organización empresarial integrante de la Mesa y con el voto favorable de alguna o algunas de las organizaciones sindicales, dicha propuesta podrá quedar documentada como una decisión final de la Mesa”. Es decir, que basta con un sindicato para dar validez a los acuerdos de la Mesa, basta con una minoría absoluta de la parte sindical para dar validez a un acuerdo (por ejemplo UGT tiene una representatividad que no llega al 11%). ELA quiere recordar al Gobierno que no existe ningún ámbito -por ejemplo, el político- donde se plantee algo similar. En ningún ámbito se desprecia, de la manera que se hace en este decreto, la representatividad de las organizaciones como se hace con el sindicalismo vasco.
ELA responsabiliza al Lehendakari de este decreto. La legitimidad electoral de un Gobierno democrático no le faculta para hacer planteamientos tan antidemocráticos y autoritarios como éste. (En una sociedad democrática, ninguna legitimidad gubernamental confiere a un Gobierno estas facultades). Una manera de medir el funcionamiento de una democracia consiste en evaluar cómo los gobiernos se relacionan con las organizaciones que discrepan de sus políticas. En ese sentido, no cabe sino constatar cómo actúa el Gobierno de Urkullu, que desprecia la realidad del sindicalismo vasco. Este Decreto supone un paso más para tratar de restar efecto a los resultados democráticos de las elecciones sindicales, marginando al sindicalismo reivindicativo.
La decisión de vulnerar las reglas de juego democráticas se corresponde con el objetivo del Gobierno de seguir aplicando políticas neoliberales, para lo que desea el acompañamiento sindical. Ese es el Marco Vasco que le gustaría al Gobierno, para neutralizar el sindicalismo reivindicativo. Sin embargo, los resultados de las elecciones sindicales dejan cada vez más en evidencia la estrategia del Gobierno Vasco.
A la vista de todo lo anterior resulta evidente que ELA no va a participar en esa Mesa.