La falta de transparencia en la gestión de los fondos europeos demuestra que conllevan recortes

Ha pasado más de un año desde que se aprobaran los fondos Next Generation EU (NGEU) para tratar de hacer frente a la crisis provocada por la COVID-19. ELA lleva denunciando desde entonces que recibir estos fondos está claramente condicionado a acometer reformas e inversiones que la Comisión estime oportunas; reformas que traerán consigo recortes en derechos sociales y que, lejos de ayudar a hacer frente a la crisis, están destinados a financiar con dinero público grandes proyectos de empresas privadas.

En el caso del Estado español, el Gobierno ha comprometido con Bruselas, en palabras de la propia ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, “reformas de importante calado como son la de las pensiones, la reforma laboral o la reforma fiscal, las cuales tienen una fecha puesta”. Y es que si el Ejecutivo quiere recibir los fondos europeos que ha comprometido en sus presupuestos, tendrá que cumplir con las exigencias y con los plazos acordados con Europa.

Para ello, el Gobierno, según ha filtrado la prensa, ha firmado con la Comisión Europea un contrato en donde se define, de forma detallada, cómo se deberán cumplir las reformas e inversiones comprometidas, denominado Operational Arrangement (acuerdo de funcionamiento). No obstante, este acuerdo no se hará público, lo que evidencia, por una parte, una enorme falta de transparencia en la gestión de los fondos y, por otra, que las reformas que se están cocinando en materia de pensiones y la reforma laboral van a traer consigo importantes recortes en los derechos sociales de la clase trabajadora.

Cabe recordar que el Ejecutivo de Sánchez deberá someterse a examen semestralmente para medir el cumplimiento de los compromisos adquiridos, y en caso de no cumplir con las exigencias, el reglamento de los fondos es claro: la Comisión puede retrasar la financiación hasta que se cumpla con las reformas o incluso puede solicitar la devolución de los fondos recibidos. Sin embargo, el Gobierno ha comprometido parte de los fondos NGEU en sus presupuestos, lo que le obliga a obedecer las exigencias de Bruselas. Por tanto, se trata de una intervención en toda regla de las políticas en el Estado español durante los próximos años.

ELA, ante las inminentes medidas que pretenden minar los derechos de la clase trabajadora, insta a salir a la calle el próximo 24 de octubre en Bilbo, Donostia, Iruña y Gasteiz (11:30) bajo el lema No nos vendáis en Madrid. No al recorte de las pensiones. Derogar la reforma laboral, con el fin de exigir que PNV, EH Bildu y Podemos rechacen el recorte en las pensiones y aboguen por derogar la reforma laboral.