La gestión del Covid-19 castiga a los perceptores de la Renta Garantía de Ingresos y la Prestación Complementaria de Vivienda , complicando el acceso a las mismas
Además de los ya perceptores con anterioridad a la crisis sanitaria, son muchas las personas y familias que han tenido que recurrir a la solicitud de ayudas sociales para poder hacer frente a las necesidades diarias. Pues bien, en este sentido el ejecutivo de Urkullu decidió que ya que no había opción a la presentación de solicitudes presenciales, todo se haría vía correo electrónico y formularios web. Eso provocó que los recursos informáticos se colapsasen, que miles de correos no se respondieran hasta pasados días, que no hubiese forma de adjuntar la documentación debida, que las personas solicitantes tuvieses problemas de acceso a sitios web etc.
El propio Ararteko a mediados de abril instó al ejecutivo para que flexibilizase el acceso a la RGI, no tuviese la misma exigencia que en situaciones normales respecto al aporte de documentación y acortase los plazos de tramitación de los expedientes.
El Gobierno anunció además que serían tres las decisiones en este sentido; una, otorgar nuevas solicitudes ya que se ampliarían las partidas destinadas a las mismas, reanudaciones de RGI y PCV y suspensión de las suspensiones derivadas de incumplimientos. Nada más lejos de la realidad.
La práctica ha sido que muchas personas y familias se han encontrado desamparadas ante la imposibilidad, desconocimiento y falta de información respecto a cómo iniciar simplemente la solicitud, muchas suspensiones se han ejecutado pasado el 14 de marzo y los requisitos de acceso a la prestación no se han flexibilizado.
Si hemos visto en cambio propaganda relacionada con la ampliación de las partidas destinadas a estas necesidades pero nada, ningún tipo de medio informativo respecto a cómo solicitar y ser perceptor o perceptora de las ayudas.
Teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos entendemos que el reconocimiento automático y provisional de las prestaciones, la no suspensión de las mismas y la facilidad en su tramitación hubiese sido la actuación más correcta, estimando que las personas perceptoras de este tipo de ayudas corresponde siempre a los colectivos más desfavorecidos.