La pobreza se agrava enormemente en las personas migrantes en la Unión Europea
El EUROSTAT, Instituto oficial de Estadística, señala que en 2019 el 45% de las personas que no eran de la Unión Europea estaba en situación de riesgo de pobreza o exclusión social. El porcentaje bajaba al 26% entre las personas que residían en un estado de la UE que no era el suyo, y al 20% entre las personas que viven en su Estado.
A nivel europeo se entiende que una persona está en riesgo de pobreza o exclusión social si tiene un nivel de ingresos por debajo del umbral de la pobreza, si se tiene que privar de elementos esenciales o si vive en un hogar donde en el último año el nivel de horas trabajadas no llega al 20% de las que podrían realizar.
La situación en el estado español es peor en todos los grupos analizados. El riesgo de pobreza o exclusión social alcanza al 54% entre las personas que no tienen ciudadanía de la Unión Europea, es del 44% entre las personas que tienen ciudadanía de otro estado europeo y del 23% entre quienes tienen ciudadanía del estado español.
En opinión de ELA son muchas las causas que explican el mayor índice de riesgo de pobreza o exclusión social de las personas que no pertenecen a la Unión Europea. Entre ellas se encuentran las medidas que se han venido adoptando para impedir la llegada de personas inmigrantes, que han tenido como efecto directo un incremento de las situaciones de irregularidad administrativa. Estas situaciones se convierten en un foco de todo tipo de discriminaciones, que generan pobreza y exclusión social.
Asimismo cabe destacar el incremento del racismo y de la xenofobia, muestra del cual es el ascenso de la extrema derecha y de la generalización de medidas restrictivas y de recorte de derechos humanos adoptada por el conjunto de gobiernos europeos, incluidos los de Euskal Herria.
Los fuertes niveles de pobreza indicados por el Eurostat se habrán visto agravados en 2020, debido a las consecuencias de la crisis sanitaria, económica y social de la Covid19. Es necesario un cambio radical de la política migratoria de la Unión, para crear corredores seguros para las personas migrantes y garantizar a todas las personas que viven en la Unión todos los derechos laborales y sociales.