La política migratoria europea es inhumana

01/06/2021
La llegada de más de 6.000 personas a la costa ceutí (no hay datos reales) vuelve a constatar que las políticas europeas de externalización de fronteras en terceros países, no sólo no ofrecen soluciones duraderas en materia de movilidad humana, sino que favorecen la instrumentalización de las personas en procesos migratorios para ejercer presión política. Ello vuelve a avalar la necesidad de un cambio radical en la política migratoria del estado español y europea facilitando vías regulares y seguras con un enfoque de derechos.

Según el MInisterio del Interior, a 18 de mayo (tampoco sobre esto hay datos oficiales actualizados) ya se habían devuelto a Marruecos a más de 2.700 personas en el marco del Acuerdo entre el estado español y Marruecos que facilita las devoluciones exprés contrarias al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Como han recordado CEAR, ELIN, Sos Racismo, Red Acoge, Irídia, APDH-A y Andalucía Acoge las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos el 13 de febrero de 2020, y hasta posteriormente el Tribunal Constitucional han establecido que “las expulsiones colectivas o en caliente no están permitidas por ley y que debe de individualizarse cualquier tipo de medida”.

Se estima que más de 1.500 de estas personas son niñas, niños y jóvenes. Si los derechos fundamentales no deben vulnerarse bajo ninguna circunstancia, menos debería ocurrir en lo referente a la infancia y el interés superior del menor. No se están cumpliendo los protocolos establecidos, tanto en la normativa interna como en los acuerdos internacionales, que ponen la condición de la infancia en el centro, por delante de la condición migratoria.

ELA denuncia que lo que está sucediendo en Ceuta es una muestra de la apuesta por medidas de disuasión y bloqueo en las fronteras que provocan la criminalización de las migraciones y derivan en confrontación social, extensión del racismo y de la xenofobia, y auge de las posiciones políticas de extrema derecha, que van impregnando también en otras fuerzas políticas, que hacen de la seguridad y de la supuesta soberanía nacional un arma de destrucción masiva al extender los discursos de odio.

Como hemos señalado en otras ocasiones, es necesario:

  • Que se respete, proteja y garantice los derechos humanos y la dignidad de las personas facilitando vías regulares y seguras que no pongan en riesgo la vida de quienes ejercen su derecho a la libre circulación.

  • Que se garantice la seguridad de las personas vulnerables, como la infancia en movimiento o posibles víctimas de redes de tráfico y/o trata.

  • Que se preste una información veraz desde un enfoque de derechos, sin ejercer como altavoz de los discursos de odio, de la criminalización y de la generación de estereotipos y prejuicios.