La transferencia de la Seguridad Social que pretende el Gobierno Vasco no permite mejorar las pensiones

23/10/2017
En opinión de ELA, más allá de la fórmula concreta que se plantee, la actual posición del Gobierno Vasco supone una clara rebaja de la posición política respecto a lo que históricamente ha venido defendiendo el ejecutivo. El control de las cotizaciones y de las pensiones seguiría en manos del estado español. ELA aboga por una transferencia que permita mejorar las pensiones, en especial las más bajas, y garantizar su poder adquisitivo.

Mikel Noval y Janire Landaluze, responsables del área social y del gabinete de estudio han explicado en Bilbao la posición de ELA ante una posible transferencia de la Seguridad Social.

Mas allá de las derivadas que pueda tener lo que está pasando en Cataluña, tanto desde el Gobierno Vasco como desde el PNV se ha señalado que la transferencia de la Seguridad Social es una de las prioridades para seguir dando apoyo en materia presupuestaria al Gobierno de Rajoy.

La gestión del régimen económico de la Seguridad Social se reconoce en el Estatuto de Autonomía como parte de las competencias de la CAPV en materia de Seguridad Social. El informe sobre transferencias enviado por el Gobierno Vasco a Madrid el 22 de septiembre de 2017 señala que “en materia de Seguridad Social corresponde a la CAPV el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, salvo las normas que configuran el régimen económico de la misma, y la gestión del régimen económico de la Seguridad Social (…) La Comunidad Autónoma podrá organizar y administrar a tales fines, y dentro de su territorio, todos los servicios relacionados (...)”.

En el acuerdo de Gobierno alcanzado en su día para el Gobierno Vasco entre el PNV y el PSE-EE, la reivindicación de la transferencia se limitaba a la gestión del régimen económico de la Seguridad Social (esto es, a recaudar las cotizaciones y pagar las prestaciones), con la coletilla de que lo harían sin romper la denominada “Caja Única”. Es difícil poder deducir cuál es el planteamiento concreto. Pero el informe sobre transferencias antes señalado asume esa posición y habla de que eso se haría “mediante la subrogación de las instituciones autonómicas en la posición que ocupa la Tesorería General de la Seguridad Social”. Se puede entender que de lo que se trataría es de que el único cambio respecto de la situación actual sería que las oficinas cambiasen el rótulo, sin ningún otro efecto.

Más allá de la fórmula concreta que se plantee, la actual posición del Gobierno Vasco supone una clara rebaja de la posición política respecto a lo que históricamente ha venido defendiendo el ejecutivo:

Se olvida del desarrollo legislativo y de la ejecución de la legislación básica. Se opta por una gestión del régimen económico de la Seguridad Social que, lejos de organizar y administrar los servicios, parece que se quedaría en una mera ventanilla. El control de las cotizaciones y de las pensiones seguiría en manos del estado español.

Esto nada tiene que ver con el sistema del Concierto Económico, según el cual los ingresos (cotizaciones) se tendrían que realizar aquí, lo mismo que los pagos de las prestaciones. Asumir el respeto a la Caja Única supone renunciar al Concierto Económico en la Seguridad Social.

Tenemos experiencias anteriores que demuestran que la mera disposición de la gestión de la materia, sea la que sea, de nada sirve cuando la capacidad de la misma sigue estando en Madrid. Recordemos lo ocurrido con la políticas activas de empleo: Una transferencia “a medias”, por la que se asumen los modelos y políticas decididos en el estado español, ha provocado graves y permanentes problemas en su gestión y, en consecuencia, unas políticas de empleo que no dan respuesta a las necesidades de la gente.

A todo esto hay que añadir dos elementos. El primero es que pretender hacer creer que es posible mejorar el autogobierno mediante este tipo de acuerdos es un engaño:

Porque se pretende ocultar que un pretendido “logro” (o transferencia) es en moneda de cambio y que se ofrece por dar estabilidad a la política presupuestaria antisocial de un gobierno de un partido enfangado en la corrupción, que está enfrascado en una dinámica más propia de un estado autoritario (visto lo que pasa en Catalunya).

Segundo, porque no es verdad que se vaya avanzando en capacidad competencial, sino todo lo contrario. Cambiar el logo de la Seguridad Social por el del Gobierno Vasco no supone avance alguno. Pero es que, más allá de eso, la realidad es que llevamos décadas de políticas recentralizadoras, de utilización de instrumentos como las leyes de base o el Tribunal Constitucional para “convertir a las instituciones vascas en meros agentes auxiliares del poder central”. No lo dice ELA; lo dijo el pasado 22 de septiembre el mismo Gobierno Vasco, que no quiere sacar conclusiones de sus propios documentos.

ELA reclama:

Tener verdadera capacidad de decisión sobre las políticas de Seguridad Social, rechazando una transferencia parcial y condicionada. Llevamos décadas exigiendo que las condiciones de vida y de trabajo de quienes vivimos en Euskal Herria se decidan aquí. Y ello conllevaría la capacidad competencial plena para decidir las pensiones (al igual que el resto de derechos laborales y sociales).

Mejorar las pensiones, en especial las más bajas, y garantizar su poder adquisitivo. Queremos poder decidir aquí para dar marcha atrás a los recortes y restricciones aprobados en las sucesivas reformas del sistema de pensiones, que nos alejan cada vez más del objetivo de garantizar unos ingresos suficientes para poder llevar a cabo una vida digna.

Los criterios fijados en el Concierto Económico deben respetarse, y ello sólo será posible si son las instituciones vascas las que gestionan los recursos económicos.