¿Neoliberales o excesivamente neoliberales? Hay más alternativas

 De cara al debate de los presupuestos de 2020 en la CAPV, el Gobierno Vasco se ha negado en redondo a hablar de impuestos, argumentando que eso no tiene nada que ver con los presupuestos. No es cierto. En primer lugar, hay que recordar que, en estricto cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el presupuesto del Gobierno Vasco no puede crecer, en 2020, en euros, más del 2,9% (la regla de gasto), salvo que haya una reforma fiscal que incremente la recaudación. Además, las negociaciones del presupuesto de 2018 se vincularon a una rebaja del Impuesto de Sociedades acordada con el PP (cuantificada en 200 millones de euros), con lo que hay un precedente claro. Es evidente la relación entre presupuestos e ingresos. Otra cosa es que el Gobierno Vasco no quiera entrar a hablar de una reforma que vaya en sentido contrario a la de 2018. Es una opción política. 

La versión oficial que se ofrece por el Gobierno (y apoyada por el PNV y el PSE) es que no hay que “precipitarse”, que toca hacer la reforma a lo largo del año que viene. No parece que ese mensaje haya calado mucho en los responsables de las Diputaciones Forales. Así, los máximos responsables de las Diputaciones de Bizkaia y de Araba (Unai Rementeria y Ramiro González) han iniciado la carrera para ver quién es quien ofrece mejores condiciones a los grandes capitales. Así, han dado a entender que plantean eliminar el Impuesto sobre Sucesiones y el Impuesto sobre el Patrimonio. En 2018 se recaudaron en la CAPV 317 millones de euros por estos impuestos (185 por el de Patrimonio o Grandes Fortunas y 132 por el de Sucesiones y Donaciones).

A falta de concreciones sobre la propuesta, se constata que se trata de favorecer a quienes más tienen. En el impuesto sobre Patrimonio hay menos de 18.000 contribuyentes. No es nueva la intención de eliminarlo. De hecho, ya se eliminó en 2009, y se volvió a aprobar en 2012, con una normativa más laxa en Araba y en Bizkaia que en Gipuzkoa. De hecho la recaudación total en 2018 (los 185 millones citados) es similar a la de 2008 (181 millones), aunque la acumulación de riqueza de las grandes fortunas es ahora notablemente mayor que hace 10 años. Y si se analiza por territorios se ve que en Gipuzkoa se recauda claramente más y en Bizkaia bastante menos que en 2008.

Para ELA es muy grave que se plantee eliminar estos impuestos, y ello por dos razones:

• La primera, por modelo. Los máximos dirigentes de las Diputaciones de Bizkaia y Araba pretenden heredar el espíritu más rancio de Esperanza Aguirre. Van directamente a favorecer a los más ricos de la sociedad, sin reparos. Se ve que les encanta que las desigualdades sigan creciendo.

• La segunda, porque se necesita recaudar más, no menos. Llama la atención con qué alegría se hacen propuestas que supone dejar de recaudar 317 millones de euros, 3 veces más que todo el presupuesto de Vivienda del Gobierno Vasco o casi todo lo que se destina a la RGI.

El Diputado General de Gipuzkoa, Markel Olano, ha calificado estas propuestas como de “excesivamente neoliberales”. A lo que se ve, para él lo más adecuado es el modelo neoliberal, a secas. Sin embargo, hay más alternativas. No estamos de acuerdo ni con el actual modelo (permisivo con el fraude fiscal y que da un tratamiento privilelgiado a las rentas altas, a las empresas y al capital) ni con una profundización en la deriva favorecedora a los más ricos. Hay alternativas, y las vamos a seguir defendiendo.