Nunca hubo opción para unos presupuestos sociales

28/12/2018
"El proyecto de presupuestos del Gobierno vasco para 2019 no daba respuesta a las necesidades de la ciudadanía". Así lo ha afirmado el responsable del Gabinete de Estudios de ELA, Mikel Noval en rueda de prensa. Y es que, tal y como ha afirmado, El Gobierno vasco se había comprometido con Rajoy a que el incremento presupuestario en 2019 no fuese superior al 2,7% en términos nominales (la denominada regla de gasto); por lo tanto, y partiendo de esa base, era completamente imposible, desde el principio, tener opción a unos presupuestos sociales.

El proyecto presentado cumplía fielmente ese compromiso, en la línea de lo señalado por Pedro Azpiazu, Consejero de Hacienda (“la regla de gasto es una camisa de fuerza”, “obliga, pero es que estamos de acuerdo con ella”). ELA, en su valoración del proyecto de presupuestos, señaló que la regla de gasto se convierte en un instrumento para:

  • Favorecer una progresiva pérdida de peso de lo público en la economía (las funciones propias del Gobierno vasco representarán en 2019 solo el 12,9% del PIB, frente al 15,6% en 2009).

  • Impedir que las partidas sociales se doten adecuadamente y justificar los recortes, deteriorando los servicios públicos (estamos a la cola de la Unión Europea, y cayendo, en cuanto a la parte de la riqueza que se destina a Salud o Educación; el proyecto de presupuestos planteaba que la RGI en 2019 fuese un 28,7% más baja que lo que resultaría de aplicar la Ley aprobada en 2008,...).

  • Justificar rebajas fiscales a las rentas altas, a las empresas y al capital a la vista de que existe superávit que no se puede destinar a aumentar el gasto.

  • Eliminar la capacidad de las instituciones para decidir su política presupuestaria (la regla de gasto se decide en Madrid y se debe aplicar por todas las instituciones).

La Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, en su acto celebrado en Gasteiz el pasado 13 de diciembre, señaló que “teniendo en cuenta en qué se basan los presupuestos, está claro que no hay opción para un acuerdo en ese proyecto desde un punto de vista social”.

ELA rechazó el proyecto y planteó la necesidad de que las fuerzas progresistas (sindicales, sociales y políticas) tengamos una posición clara, basada en tres elementos:

  • Rechazar el proyecto de presupuestos.

  • Plantear la ruptura con la regla de gasto.

  • Exigir reformas fiscales que vayan en la dirección de aumentar notablemente los ingresos públicos (dar marcha atrás en las rebajas aprobadas en los últimos años a las rentas altas, empresas y capital; tipos impositivos más progresivos en el IRPF e Impuesto sobre Sociedades,...).

La negociación presupuestaria

El Gobierno vasco, en minoría, planteó una negociación del presupuesto con unos parámetros similares a la realizada en años anteriores (es decir, presupuesto continuista y ofrecimiento de una mínima cantidad de dinero para que quien le diese cobertura pudiese aumentar algunas partidas). Incluso podemos afirmar que la negociación se planteó de manera más limitada que la realizada hace un año con el PP, ya que con este partido se acordó una reforma fiscal (una rebaja del tipo nominal del Impuesto sobre Sociedades), mientras que ahora no se planteaba ningún cambio en la fiscalidad. En la negociación del presupuesto de 2018 se unieron la política fiscal y la presupuestaria, cosa que ahora no ha ocurrido.

El Gobierno vasco ha sido claro para 2019 en lo que respecta a su posición neoliberal. Ha puesto dos condiciones a la negociación: los Objetivos de Estabilidad Presupuestaria (es decir, la regla de gasto); y hablar solo de sus competencias (es decir, no abordar ninguna reforma fiscal o cuestiones como las pensiones).

La disposición de EH Bildu a entrar a una negociación presupuestaria en esas condiciones ha convertido el proceso en una ceremonia de la confusión. Como hemos dicho, no había condiciones para un acuerdo social. El Gobierno vasco en ningún momento ha mostrado voluntad alguna de abordar la cuestión de las pensiones.

ELA quiere recordar, además, que en este momento está en trámite en el Parlamento Vasco una Iniciativa Legislativa Popular contra la pobreza y la exclusión social, promovida por la Carta de Derechos Sociales, avalada por la firma de 51.000 personas:

  • Esta ILP, entre otras cuestiones, plantea una reforma de la RGI para mejorar sustancialmente su cuantía (mejorando lo recogido en la Ley de 2008, que ni siquiera es lo que se aplica hoy en día) y para facilitar el acceso a la misma a distintos colectivos.

  • ELA exige que la reforma de la RGI se haga en el trámite parlamentario de este ILP, y considera inaceptable que en el trámite presupuestario se haya utilizado la RGI como moneda de cambio, máxime cuando el Gobierno vasco ha mostrado con total claridad su voluntad de seguir aplicando importantes recortes respecto a la norma aprobada en 2008.

  • De aplicarse la Ley de 2008 en lo que se refiere a la cuantía de la RGI, ésta debería ser el año que viene de 924 euros para las personas que viven solas (1.050 en el caso de los pensionistas).

  • La última propuesta realizada por el Gobierno vasco dejaría la RGI muy por debajo de esas cuantías (783,65 euros para las personas no pensionistas que viven solas y en 830,60 euros para las pensionistas). Es decir, el Gobierno vasco solo ha estado dispuesto a negociar si los recortes que aplica son un poco mayores o un poco menores.

A la vista de todo lo anterior, podemos concluir:

  • Que unos contenidos (como por ejemplo los presupuestos) los avale una determinada fuerza política no los hace ni mejores ni peores.

  • En 2019 se van a prorrogar los presupuestos del Gobierno vasco de 2018, lo cual no va a suponer problema alguno para dicho ejecutivo, ya que el proyecto presentado para 2019 era continuista con el de años anteriores. El Gobierno vasco mantiene su política neoliberal.

  • El proceso de negociación realizado entre EH Bildu y el Gobierno vasco ha trasladado a la sociedad la falsa idea de que era posible un acuerdo sobre un presupuesto social. Una posición coherente con la que EH Bildu mantiene en Navarra. Se ha producido una ceremonia de la confusión en la que ha primado el relato en vez de un análisis riguroso y serio de los contenidos presupuestarios.

  • EH Bildu ha optado por no confrontar con la línea presupuestaria del Gobierno Vasco, obviando la necesaria ruptura con la regla de gasto y la exigencia de una reforma fiscal progresista que aumente sustancialmente la recaudación.

  • ELA se reitera en la necesidad de un cambio radical de las políticas presupuestarias y fiscales, y considera que es imprescindible que las fuerzas sindicales, sociales y políticas que optamos por esa vía rechacemos las actuales políticas, mostremos nuestras alternativas, hagamos pedagogía favorable al cambio e impulsemos la movilización social.