Pagamos caros los privilegios fiscales de empresas y empresarios

El Gobierno de Navarra tiene competencias para mejorar los servicios públicos y las condiciones de sus trabajadores y trabajadoras (así lo demuestra el acuerdo con el sindicato médico). Y también tiene dinero para ello, es cuestión de voluntad. El Gobierno de Navarra puede decidir a través de la política fiscal, en gran medida, sus recursos.

Tres son las características de la fiscalidad navarra. La primera es que recauda poco. Si se recaudara lo mismo que se recauda de media en la Unión Europea, la recaudación anual aumentaría en 1.700 millones de euros al año. Está claro que existe un gran margen para recaudar mucho más.

La segunda característica es que la recaudación se sustenta en la clase trabajadora. El año pasado, el 46% del dinero recaudado por el Gobierno de Navarra fue a través de impuestos indirectos. Es decir, los impuestos que pagan por igual la gente que más tiene y la que menos, como el IVA. Y seis de cada diez de lo que se recaudó mediante impuestos directos se cobró a las rentas del trabajo. Por tanto, la mayoría de lo que se recibe directamente se graba a los trabajadores y trabajadoras, y la mayoría de los impuestos indirectos también son a costa de la clase trabajadora, en la medida en que se graba el consumo.

La tercera característica es que las empresas pagan poco y se les permite el fraude. Navarra es el lugar de todo el estado donde menos se paga por el impuesto de sociedades. Con la legislación estatal, las empresas pagan 3 puntos más de media que con la ley navarra. A ello hay que añadir el fraude que cometen las rentas empresariales: declaran ganar 6.000 euros menos al año que las rentas del trabajo.

Esta es la foto de la política fiscal navarra. Y esta foto no ha cambiado aunque hayan pasado ocho años desde que UPN abandonó el Gobierno de Navarra. Seguimos con la misma política fiscal que entonces. Desde entonces se han aprobado siete presupuestos, con siete acuerdos. Pero ninguno de los acuerdos presupuestarios ha puesto en peligro los privilegios y el estatus de las élites económicas y empresariales de Navarra.

Estos privilegios suponen alargar las listas de espera de Osasunbidea, que los ratios educativos sean insostenibles, o que la Renta Garantizada haya perdido un 54% de poder adquisitivo sobre el salario mínimo, entre otros.