Salida de la crisis a la carta para las empresas en Navarra

El Parlamento de Navarra ha aprobado con los votos a favor de PSN, Geroa Bai y Podemos-Ahal Dugu, la abstención de EH Bildu e I-E y el voto en contra de Navarra Suma, la convalidación del Decreto de Ley Foral 1/2022, de 13 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania, Se trata de la norma que recoge medidas de carácter excepcional en diferentes materias para hacer frente a la crisis económica.

En primer lugar, en cuanto a las medidas en política fiscal, lo cierto es que ninguna va a suponer aumentar la recaudación del Gobierno de Navarra: se establece un nuevo aplazamiento para las deudas tributarias en el IRPF y en el IVA, en el Impuesto sobre Sociedades se amplía el plazo para acogerse a la reinversión de beneficios extraordinarios, se dan ventajas fiscales a las empresas para “suavizar el impacto de la crisis energética”, entre otras cuestiones.

El Gobierno de Navarra sigue sin haber tomado ninguna medida en materia fiscal que vaya en contra de los intereses de la patronal, mientras seguimos con la misma fiscalidad de los tiempos de Barcina.

Por otro lado, se adoptan medidas para simplificar los procedimientos para las instalaciones de energías renovables.

Esta simplificación y agilización de los trámites para la autorización de instalaciones de energía renovable afectará casi a la totalidad de instalaciones que se tramitan. En los últimos años se han tramitado más de 100 instalaciones, un numero totalmente desproporcionado comparado con las necesidades de Navarra. El Gobierno de Navarra quiere tramitar estas instalaciones de urgencia, según sus palabras, por razones de interés público con el fin de lograr una reducción de la dependencia energética, la contención de precios y la garantía de suministro. Pero las energías fósiles no se puede sustituir por energía renovables, ya que estas últimas generan electricidad, y solo el 20% del consumo energético es de electricidad. De modo que esta medida no beneficia a la sociedad que sufre la alta inflación, sino que está hecha para las grandes eléctricas.

El tiempo que la administración tiene para analizar y autorizar estos proyectos se verá reducido a la mitad (ahora ya es un plazo insuficiente), de modo que los análisis no serán lo exhaustivos que deben ser y podrían pasar por alto graves afecciones ambientales. Esta reducción del plazo de tramitación también afecta al plazo de información pública, por lo que el derecho a la información y a la participación se verá gravemente afectada.

En este mismo sentido, se agilizan los procedimientos para la gestión de los fondos europeos, eliminando, en determinados casos, la necesaria autorización del Gobierno en la concesión de estas subvenciones. Esto es, la agilización de la concesión de las subvenciones se hará a costa de eliminar trámites que suponen un mayor control y análisis del destino del dinero público.

Otras medidas a destacar es que en materia de vivienda protegida se limita la actualización de la renta en los contratos de alquiler. Es una medida necesaria en un contexto económico donde la inflación está subiendo por encima de los ingresos familiares.

Con estas medidas convalidadas en el Parlamento, queda claro que el Gobierno de Navarra va de la mano de la patronal y de sus intereses. Ninguna decisión que suponga mayor recaudación o un reparto de la riqueza más justo. Solo los retoque para que las empresas sigan teniendo ventajas fiscales y accedan con menos control a las subvenciones. Un Decreto a la carta para las empresas.