Solo el 0,75% de las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital se han resuelto
El Gobierno Español aprobó el 29 de mayo de 2020 el Real Decreto Ley que establecía el Ingreso Mínimo Vital. El 15 de junio se abrió el plazo para la presentación de solicitudes y el 4 de septiembre se firmó y elaboró el convenio que regula la encomienda de gestión que habilita a Lanbide a gestionar el Ingreso Mínimo Vital. Esa gestión derivada a Lanbide se limita exclusivamente a recoger la solicitud, informatizar los datos de la solicitud y enviarla al INSS.
Los datos confirman la denuncia que ELA hizo cuando se aprobó la prestación:
- Que se trataba de un encomienda de gestión, mera gestión sin transferencia dependiendo de la resolución del INSS para la percepción de la prestación.
- Que la falta de recursos personales y condiciones laborales del personal de Lanbide y de otros organismos competentes en esas materias provocaría una mayor carga administrativa y tardanza en la tramitación de los expedientes.
- Que en la CAPV existiendo la RGI iba a suponer una duplicidad de solicitudes y que la persona receptora tendría que ir a dos ventanillas para solicitar dos prestaciones con mismo contenido regulatorio y espítiritu.
ELA también calificó como lamentable e inadmisible que los requisitos de acceso a las prestaciones sociales y también al IMV fuesen muy restrictivos, no reconociendo la prestación como un derecho individual sino condicionándolo a los ingresos de la unidad familiar, que los niveles de control y exigencia de la persona titular de la prestación sean desporporcionados, que las cuantías son insuficientes, que el IMV casi nunca supone una mejora en el caso de CAPV y Navarra de la situación de las personas perceptoras de la RGI o RG (porque en cuantía es inferior), que el efecto de la propia prestación en la sociedad será escaso. Pues bien, a ello hay que añadir que es aún más lamentable que desde junio todas esos expedientes estén aún pendientes de resolución. Es evidente que la situación de pobreza y desigualdad ya existente y el incremento de la vulnerabilidad económica y social ocasionado por la pandemia no son una prioridad para el Gobierno Vasco.
La ineficacia, dejadez y la falta de voluntad en esta materia es total e intolerable. Que no nos engañen, y menos propaganda, la única pretensión firme en este sentido de los últimos tiempos ha sido y es la de recortar el sistema de prestaciones.
ELA exige que se corrija de manera inmediata esta situación y que se asuman las responsabilidades políticas que se corresponden de dar este tratamiento inaceptable a las personas más vulnerables de la sociedad.